Alonso Quijano
Tula de Allende, Hgo., 12 de febrero de 2026.– La planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., ubicada en la comunidad de Jasso –Ciudad Cooperativa Cruz Azul– fue asegurada la madrugada de este miércoles por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de esa entidad, en un operativo realizado dentro del territorio hidalguense y con participación limitada de autoridades locales.
La diligencia comenzó alrededor de las 4:30 horas, cuando agentes ministeriales mexiquenses ingresaron al complejo industrial que permanecía bajo control de un grupo disidente de cooperativistas. Durante la intervención se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que generó movilización social y el cierre de accesos al poblado.
En apoyo acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, quienes realizaron labores de resguardo perimetral.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó en un comunicado que la diligencia fue ejecutada por la fiscalía mexiquense “en acato a lo ordenado por un juez”, y precisó que la participación del gobierno de Hidalgo se limitó a brindar seguridad en el perímetro. No confirmó personas fallecidas ni el número de detenidos.
Pobladores denunciaron que hubo lesionados y, según su narrativa, posibles decesos; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente víctimas mortales. Se reportaron detenciones de personas que se encontraban al interior del inmueble, quienes estarían bajo custodia de la FGJEM, instancia que no ha emitido un parte informativo detallado.
El inmueble se encontraba en posesión del grupo encabezado por Federico Sarabia Pozo, detenido el 31 de agosto pasado por la Fiscalía General de la República (FGR). Esa facción sostiene que contaba con amparos que impedían el ingreso de corporaciones federales y estatales, por lo que calificó la intervención como ilegal.
El grupo que lidera Víctor Manuel Velázquez Rangel, en contraste, ha acusado a Sarabia de posesión indebida y fraude, además de señalar inacción de las autoridades hidalguenses para hacer valer resoluciones judiciales que, afirman, les favorecen.
El conflicto interno se remonta a 2018, cuando inició la disputa por la dirigencia cooperativista tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas en 2020. Las diferencias jurídicas escalaron a enfrentamientos físicos en 2020 y 2021, y el 27 de abril de 2022 dejaron ocho personas muertas y daños en la subestación eléctrica de Acoculco, lo que derivó en la suspensión del suministro y la paralización de la planta.
Desde el 17 de agosto de 2022 el complejo permanece fuera de operación, pese a contar con una capacidad instalada de 12 mil toneladas diarias de cemento.
La intervención de una fiscalía de otra entidad para ejecutar una orden judicial dentro de Hidalgo reavivó cuestionamientos sobre la conducción del conflicto por parte del gobierno estatal, que durante los últimos años ha sido señalado por ambos grupos de cooperativistas de omisión o parcialidad.
Hasta el momento no se ha informado si el aseguramiento implicará la restitución de la posesión a alguno de los bandos o si el inmueble permanecerá bajo resguardo ministerial. Se prevé que en las próximas horas las autoridades informen el estatus jurídico de la planta y la situación de las personas detenidas.
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