Jaqueline Sagaón
13 de febrero de 2026
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, adelantó que prepara una demanda contra el titular de la Unidad de Planeación del gobierno estatal, Miguel Ángel Tello, a quien acusa de haber incurrido presuntamente en violencia política en su contra durante los procesos electorales en los que contendió por la gubernatura y posteriormente por el Senado, así como de mantener dichas conductas en la actualidad.
En declaraciones a Nuevo Gráfico, la legisladora sostuvo que el funcionario habría utilizado —según su versión— una empresa de comunicación para desplegar campañas de desprestigio en su contra. Señaló que dicha firma no solo presta servicios de promoción turística y comunicación institucional a dependencias públicas, sino que también habría sido empleada, presuntamente, para ejecutar lo que calificó como una “campaña negra”.
Viggiano indicó que actualmente analiza con la dirigencia de su partido la vía jurídica más adecuada para proceder, ya sea en el ámbito penal o civil, decisión que podría definirse en el transcurso de la próxima semana. No descartó que, de acreditarse los hechos denunciados, puedan configurarse responsabilidades adicionales relacionadas con un posible uso indebido de recursos públicos.
La senadora afirmó que, de comprobarse las conductas señaladas, existiría un probable detrimento al erario, al haberse utilizado —según su planteamiento— recursos institucionales para fines políticos y de confrontación partidista. Asimismo, sostuvo que los supuestos ataques le han generado un daño moral que, afirmó, trasciende lo personal y alcanza a su familia y al instituto político que representa.
Cuestionada sobre el momento en que formalizará la denuncia, explicó que se encuentra recabando elementos probatorios y documentación para sustentar la acción legal. Añadió que, a su juicio, existen condiciones suficientes para acudir ante las instancias correspondientes.
En el contexto de la controversia también ha sido mencionada la empresa Smartia, señalada por distintos actores políticos como responsable de operar plataformas digitales que simulan portales informativos y que, presuntamente, habrían sido utilizadas para influir en la opinión pública y desacreditar adversarios. Estas afirmaciones forman parte del debate público y deberán, en su caso, ser acreditadas ante las autoridades competentes.
El conflicto anticipa un nuevo frente jurídico y político en la entidad, donde se pondrán a prueba los límites entre comunicación institucional, propaganda gubernamental, libertad de expresión y posibles conductas de violencia política. La definición de la vía legal y la eventual judicialización del caso marcarán el siguiente capítulo de una disputa que podría trascender el ámbito local.
