Jaqueline Sagaón
13 de febrero de 2026
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano Austria, adelantó que prepara una demanda contra el titular de la Unidad de Planeación del gobierno estatal, Miguel Ángel Tello, a quien acusa de haber incurrido presuntamente en violencia política en su contra durante los procesos electorales en los que contendió por la gubernatura y posteriormente por el Senado, así como de mantener esas conductas en la actualidad.
La legisladora sostuvo para Nuevo Gráfico que el funcionario habría utilizado —de manera presunta— una empresa de comunicación para desplegar campañas de desprestigio en su contra, cuando dicha firma no solo presta servicios de promoción turística y comunicación institucional a dependencias públicas, sino que también habría sido empleada para ejecutar lo que calificó como “campaña negra”.
Viggiano señaló que se encuentra analizando con la dirigencia de su partido la ruta jurídica más adecuada para proceder, ya sea por la vía penal o civil, decisión que podría definirse en el transcurso de la próxima semana. No descartó que los hechos puedan configurar responsabilidades adicionales si se acredita el uso indebido de recursos públicos.
La senadora afirmó que, de comprobarse las conductas denunciadas, existiría un posible detrimento al erario, al haberse utilizado —según su versión— recursos institucionales para fines políticos y de confrontación partidista. Además, sostuvo que los supuestos ataques le han generado un daño moral que trasciende lo personal y alcanza a su familia y al instituto político que representa.
Cuestionada sobre cuándo formalizará la denuncia, explicó que se encontraba recabando elementos probatorios y documentación suficiente para sustentar la acción legal. Afirmó que, a su juicio, hoy existen condiciones para proceder ante las instancias correspondientes.
En sus declaraciones, Viggiano acusó que el funcionario estatal habría llegado al cargo con la intención de desacreditar a adversarios políticos. “Me parece que es un político joven que está empezando muy mal de esa manera”, expresó.
En el entorno de la disputa también ha sido señalada la empresa Smartia, identificada por diversos actores como la responsable de crear páginas espejo de Nuevo Gráfico, como fue señalado por el medio al inicio del sexenio y de operar sitios digitales que simulan ser portales informativos con el propósito de influir en la opinión pública y desacreditar actores políticos con dinero público.
El conflicto anticipa un nuevo frente jurídico y político en el estado, en el que se pondrá a prueba no solo la legalidad de las estrategias de comunicación institucional, sino también los límites entre propaganda gubernamental, libertad de expresión y violencia política en razón de género o por motivos partidistas. La definición de la vía legal marcará el siguiente capítulo que, de judicializarse, podría escalar más allá del ámbito local.
Viggiano señaló que se encuentra analizando con la dirigencia de su partido la ruta jurídica más adecuada para proceder, ya sea por la vía penal o civil, decisión que podría definirse en el transcurso de la próxima semana. No descartó que los hechos puedan configurar responsabilidades adicionales si se acredita el uso indebido de recursos públicos.
La senadora afirmó que, de comprobarse las conductas denunciadas, existiría un posible detrimento al erario, al haberse utilizado —según su versión— recursos institucionales para fines políticos y de confrontación partidista. Además, sostuvo que los supuestos ataques le han generado un daño moral que trasciende lo personal y alcanza a su familia y al instituto político que representa.
Cuestionada sobre cuándo formalizará la denuncia, explicó que se encontraba recabando elementos probatorios y documentación suficiente para sustentar la acción legal. Afirmó que, a su juicio, hoy existen condiciones para proceder ante las instancias correspondientes.
En sus declaraciones, Viggiano acusó que el funcionario estatal habría llegado al cargo con la intención de desacreditar a adversarios políticos. “Me parece que es un político joven que está empezando muy mal de esa manera”, expresó.
En el entorno de la disputa también ha sido señalada la empresa Smartia, identificada por diversos actores como la responsable de crear páginas espejo de Nuevo Gráfico, como fue señalado por el medio al inicio del sexenio y de operar sitios digitales que simulan ser portales informativos con el propósito de influir en la opinión pública y desacreditar actores políticos con dinero público.
El conflicto anticipa un nuevo frente jurídico y político en el estado, en el que se pondrá a prueba no solo la legalidad de las estrategias de comunicación institucional, sino también los límites entre propaganda gubernamental, libertad de expresión y violencia política en razón de género o por motivos partidistas. La definición de la vía legal marcará el siguiente capítulo que, de judicializarse, podría escalar más allá del ámbito local.
