#Opinión | Ciudad de México, 28 de febrero de 2026
El 25 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral cuyo envío formal al Congreso de la Unión quedó programado para el 2 de marzo. La propuesta, que retoma y profundiza los pilares del llamado “Plan C” impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha detonado un debate de alcance histórico: organismos académicos, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y sectores de la sociedad civil la señalan como el mecanismo institucional para restaurar, bajo ropaje democrático, el sistema de partido hegemónico que México tardó cuatro décadas en desmantelar.
La reforma se articula en diez ejes. Algunos de ellos contienen disposiciones técnicas que podrían calificarse como avances reales: la prohibición de aportaciones en efectivo en campañas, la regulación del uso de inteligencia artificial y bots en plataformas digitales, la extensión de figuras de democracia participativa a nivel municipal y estatal, la creación de representación directa para mexicanos en el extranjero y la prohibición constitucional del nepotismo en cargos de elección popular. Ninguna de estas medidas merece cuestionamiento de fondo. El problema, advierten los analistas, no está en lo que la reforma contiene, sino en lo que destruye.
El núcleo más controvertido de la propuesta es la reestructuración de la Cámara de Diputados. La iniciativa mantiene los 500 escaños pero elimina las listas cerradas de representación proporcional, es decir, el mecanismo compensatorio que durante treinta años permitió a las fuerzas minoritarias ingresar al Congreso con independencia de los resultados territoriales. En su lugar, se introduce el modelo de “mejores perdedores”: 97 diputaciones serán asignadas a los candidatos que perdieron en sus distritos pero acumularon el mayor porcentaje de votación dentro de su partido. Estudios del IIJ-UNAM sobre aplicaciones subnacionales de este sistema en Nuevo León, Baja California, Estado de México y Aguascalientes demuestran que favorece de manera casi exclusiva al partido mayoritario, cuyos candidatos derrotados acumulan decenas de miles de votos frente a los totales marginales de la oposición pequeña. El instrumento diseñado formalmente para ampliar la representación termina, en los hechos, otorgando un premio legislativo adicional a la fuerza dominante.
El Senado sufre una amputación estructural aún más severa. La reforma reduce la Cámara Alta de 128 a 96 escaños mediante la eliminación total de los 32 senadores de representación proporcional. Esto condena a la extinción parlamentaria a cualquier partido que, teniendo un apoyo nacional del 8% al 12%, no logre quedar en segundo lugar en ninguna entidad federativa. Un sector del electorado que puede representar a millones de ciudadanos quedaría sin voz en la cámara que, paradójicamente, fue diseñada para garantizar la pluralidad del pacto federal. La consecuencia matemática es que la Cámara Alta quedará operativamente bajo control bipartidista con sesgo hegemónico, facilitando al partido en el poder la obtención de mayorías calificadas para reformas constitucionales sin necesidad de negociación interpartidista.
Este rediseño cobra su verdadera dimensión cuando se sitúa en el contexto de las elecciones legislativas de 2024, en las que la coalición Morena-PT-PVEM obtuvo el 54.3% de la votación y recibió el 74.6% de las curules —373 de 500— mediante una interpretación que evaluó el tope de sobrerrepresentación del artículo 54 partido por partido y no por coalición. La Dra. María Marván Laborde, el Dr. Javier Martín Reyes y múltiples exconsejeros del INE advirtieron que dicha interpretación contrariaba el espíritu democrático del bloque constitucional. La academia proponía reescribir el artículo 54 para garantizar una correspondencia estricta entre votos y escaños, o explorar modelos mixtos compensatorios puros similares al sistema alemán. La reforma de Sheinbaum opta por la solución opuesta: elimina el vehículo institucional que permitía esos contrapesos y constitucionaliza la sobrerrepresentación mediante el mecanismo de mejores perdedores y el voto directo en circunscripciones sin función compensatoria.
A lo anterior se suma el componente financiero. La iniciativa impone un recorte vinculante del 25% al costo del aparato electoral, reduciendo las prerrogativas de los partidos, el presupuesto del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los tribunales. El argumento oficial es la austeridad republicana. El efecto es asimétrico: Morena opera con redes territoriales afianzadas, control sobre decenas de gobiernos estatales y miles de municipios, y la ventaja comunicacional del aparato de Estado. Los partidos de oposición dependen críticamente del financiamiento público para sostener estructuras territoriales y competir mediáticamente. Reducirlo sin eliminar la ventaja estructural del oficialismo no nivela el terreno, lo inclina aún más. Analistas consultados señalan también que la asfixia financiera legal en un contexto de crisis de seguridad genera incentivos para la captación de recursos privados opacos o, en el peor escenario, del crimen organizado.
La reducción de los tiempos del Estado en radio y televisión —de 48 a 35 minutos diarios por emisora— agrava el desequilibrio. El modelo de 2007 garantizó equidad mediática sin dinero de por medio; reducir esa ventana golpea desproporcionadamente a quien no tiene acceso constante a los reflectores gubernamentales. A esto se agrega la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), reemplazado por cómputos distritales inmediatos de validez jurídica plena. La lógica declarada es la agilidad. El riesgo documentado es que la ausencia de información preliminar fluida en un entorno de alta polarización crea vacíos que históricamente han sido aprovechados para diseminar narrativas de fraude y ejercer presión física sobre autoridades de casilla.
La Comisión Presidencial que diseñó la reforma fue criticada desde su conformación por carecer de voces plurales: su integración reunió perfiles afines al partido oficial, excluyendo a la oposición política y a la sociedad civil crítica en la fase de elaboración. Ese dato por sí solo describe el método.
Hay disposiciones en la propuesta que merecen ser evaluadas con seriedad: la paridad estricta en la integración legislativa, la regulación de la inteligencia artificial electoral, la fiscalización reforzada del flujo financiero de los partidos y la democratización del voto en el extranjero son medidas que académicos y organizaciones civiles han reclamado durante años. El problema es que se introducen en el mismo paquete que desmonta la pluralidad. No es posible evaluar la reforma por sus componentes más presentables sin leer el sistema completo que construyen en su conjunto.
Lo que el análisis académico acumulado describe —desde el IIJ-UNAM hasta especialistas en teoría de sistemas de partidos— no es la supresión formal de las elecciones. Es algo más sofisticado: el diseño de reglas asimétricas que garantizan la perpetuación de una fuerza política en el poder mediante la lógica del sistema, no mediante la prohibición del sufragio. Eso es, con precisión técnica, la definición de un sistema de partido hegemónico. México ya vivió bajo ese modelo durante la mayor parte del siglo XX. La reforma política de 1977 comenzó a desmantelarlo. Las de 1990, 1993, 1996, 2007 y 2014 lo completaron. La pregunta que la iniciativa de Sheinbaum plantea al país, y que el Congreso deberá responder en los próximos días, es si México está dispuesto a revertir cuatro décadas de construcción democrática bajo la promesa de la austeridad y la democratización directa. El dinosaurio, al parecer, nunca se fue. Solo cambió de color.
