Julio Gálvez / Análisis político-histórico
03 de marzo de 2026
El 1 de febrero de 1979, un avión procedente de París aterrizó en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. A bordo viajaba Ruhollah Jomeini, el ayatolá exiliado que durante años había construido desde la distancia el relato más poderoso de su época: el de un pueblo oprimido, una élite corrupta y un líder moral dispuesto a devolverle la dignidad a la nación. Millones de iraníes salieron a recibirlo. Pocas semanas antes, el Sha Mohammad Reza Pahlaví había abandonado el país sin retorno. En menos de doce meses, Irán dejó de ser una monarquía prooccidental para convertirse en la primera teocracia islámica del siglo veinte.
Lo que siguió no fue simplemente un cambio de régimen. Fue la construcción metódica, deliberada y en muchos casos violenta de un sistema de poder diseñado para perpetuarse a sí mismo. La revolución que derrocó al Sha había sido obra de una coalición heterogénea —marxistas, estudiantes, intelectuales liberales, bazaristas, clérigos— pero Jomeini comprendió antes que nadie que las coaliciones son útiles para tomar el poder y peligrosas para retenerlo. La purga no tardó. Las facciones laicas fueron marginadas, encarceladas o ejecutadas. Los liberales que habían soñado con una república pluralista fueron acusados de “agentes del imperialismo”. La izquierda que había combatido en las calles fue aniquilada con el mismo aparato represivo que antes empleaba el Sha. En 1981, el primer ministro Mehdi Bazargan, el hombre que representaba la cara liberal de la revolución, ya había renunciado, derrotado por la maquinaria clerical que avanzaba sin pausa.
El instrumento jurídico de esa consolidación fue la doctrina del Velayat-e Faqih —la tutela del jurista islámico— incorporada a la Constitución iraní de 1979. Bajo ese principio, la máxima autoridad política del Estado no residía en el voto popular ni en el parlamento, sino en el Líder Supremo, el clérigo con la interpretación más autorizada de la ley islámica. Era, en términos llanos, la institucionalización de la voluntad de un hombre por encima de las instituciones. El parlamento existía; las elecciones se celebraban; los candidatos competían. Pero el Consejo de Guardianes —controlado por el Líder Supremo— tenía facultad para vetar a cualquier aspirante que no cumpliera sus estándares ideológicos y para anular cualquier ley que considerara contraria a los principios del régimen. La apariencia democrática era el envoltorio; el poder clerical, el núcleo.
Jomeini murió en junio de 1989 y dejó al régimen ante su primera crisis existencial. Su sucesor designado, el Gran Ayatolá Husein Alí Montazeri, había sido destituido meses antes por atreverse a criticar las ejecuciones masivas de prisioneros políticos. El problema era estructural: ningún clérigo de alto rango religioso —un Gran Ayatolá de verdadero peso— estaba dispuesto a avalar el sistema. La solución que adoptó la cúpula del régimen dijo más sobre su naturaleza real que cualquier discurso revolucionario: priorizaron la lealtad política sobre la jerarquía religiosa, y modificaron la Constitución para que el Líder Supremo ya no requiriera ser un Gran Ayatolá, sino simplemente tener “experiencia política y de Estado”. Alí Jamenei, entonces presidente y clérigo de rango medio, ascendió al poder absoluto. La fe, en ese momento, quedó explícitamente subordinada a la conveniencia del poder.
Jamenei gobernó durante casi treinta y siete años apoyado en las Fuerzas Armadas, y específicamente en la Guardia Revolucionaria Islámica —el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, conocido por sus siglas en inglés como IRGC—. Ese cuerpo, concebido originalmente como el brazo armado de la revolución, se transformó con el tiempo en el verdadero Estado dentro del Estado: controló aduanas, aeropuertos, infraestructura petrolera, telecomunicaciones y los grandes contratos de construcción nacional. Su poder económico llegó a superar al del gobierno civil. Sofocó las protestas del Movimiento Verde en 2009, las movilizaciones de 2019 y la oleada de manifestaciones que siguió a la muerte de Mahsa Amini en 2022, cuando decenas de mujeres iraníes quemaron públicamente el velo obligatorio y el régimen respondió con detenciones masivas, torturas documentadas y ejecuciones. En todos esos momentos, el IRGC fue el instrumento que separó al régimen de su derrumbe.
Ese ciclo llegó a un punto de ruptura en febrero de 2026, cuando una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel bombardeó objetivos en Teherán. El ataque abatió al propio Jamenei y desmanteló a gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, sumiendo al régimen en el mayor vacío de poder de sus cuarenta y siete años de historia. Lo que quede de pie cuando pase el polvo determinará si el sistema que Jomeini diseñó puede sobrevivir sin los dos pilares que lo sostuvieron desde el principio: el líder carismático fundacional y la fuerza armada leal que operaba como Estado paralelo.
Hasta aquí, la historia iraní. La pregunta que la ciencia política obliga a formular —con rigor y sin propaganda— es si existen patrones estructurales comparables en otros sistemas políticos contemporáneos. México, bajo el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional y la llamada Cuarta Transformación, ofrece elementos que ese análisis no puede ignorar.
La aclaración conceptual es obligatoria antes de continuar: Irán es una teocracia autoritaria; México es una república democrática y laica. Sus fundamentos jurídicos son opuestos. Equipararlos en términos de régimen sería una falsificación analítica. Pero la ciencia política no estudia únicamente regímenes: estudia dinámicas de poder, y las dinámicas, a diferencia de los textos constitucionales, no distinguen de geografías ni ideologías.
El primer paralelismo es el del liderazgo carismático fundacional y el problema de la sucesión. Andrés Manuel López Obrador articuló durante décadas un relato de agravio colectivo —el México saqueado por la élite neoliberal— y construyó en torno a ese relato una identidad política de carácter casi moral: estar con él era estar con el pueblo; oponérsele era defender a la “mafia del poder”. El parecido con la narrativa de Jomeini no es ideológico —son proyectos de naturalezas radicalmente distintas— sino estructural: en ambos casos, el liderazgo operó sobre la base de una autoridad moral que se autoproclama irreductible a los mecanismos ordinarios de la política. Cuando López Obrador completó su mandato y transfirió el poder a Claudia Sheinbaum, el movimiento se planteó el mismo desafío que enfrentó Irán en 1989: cómo perpetuar un proyecto político que fue definido en torno a una figura personal, no a un programa institucional. La transición fue gestionada para garantizar la continuidad del proyecto, no para abrir una competencia genuina dentro de él. Eso no es exclusivo de MORENA —el PRI hizo lo mismo durante setenta años— pero sí forma parte de un patrón reconocible en la ciencia política comparada.
El segundo paralelismo es el de la militarización de funciones civiles y la expansión del papel económico de las Fuerzas Armadas. Este es, quizás, el más concreto y documentable. La Guardia Revolucionaria iraní no fue creada para controlar puertos, construir carreteras o administrar empresas estatales; llegó a hacerlo porque el régimen descubrió que la lealtad institucional se garantiza mejor cuando las instituciones tienen intereses materiales que proteger. En México, bajo el sexenio de López Obrador y con continuidad evidente en el de Sheinbaum, las Fuerzas Armadas —SEDENA y Marina— asumieron el control operativo de aduanas, puertos, aeropuertos, la construcción del Tren Maya y otras megaobras de infraestructura, la administración de la Guardia Nacional y la operación de empresas como Mexicana de Aviación. Ningún gobierno civil en la historia reciente del país había transferido tantas funciones estratégicas al mando castrense en tan poco tiempo. El paralelismo con el IRGC no es de intensidad —el IRGC operó en un contexto de guerra, sanciones y represión sistemática incomparables— pero sí es de dirección: en ambos casos, el Estado civil cedió capacidad administrativa estratégica a la cúpula militar como mecanismo de control y garantía de lealtad al proyecto político dominante.
El tercer paralelismo es el de la construcción de hegemonía mediante la reconfiguración institucional. El Consejo de Guardianes iraní no necesitó disolver el parlamento; le bastó con controlar quién podía presentarse a las elecciones y qué leyes podían prosperar. MORENA, tras obtener mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso y controlar la mayoría de las gubernaturas del país, impulsó reformas que reestructuraron o eliminaron organismos autónomos y modificaron de manera sustantiva la composición y el método de selección del Poder Judicial. El objetivo declarado era democratizar instituciones que se describían como elitistas y corruptas. El efecto práctico —independientemente de la intención— es reducir los contrapesos institucionales que podrían frenar o revertir las políticas del movimiento gobernante. En la ciencia política comparada, ese proceso se llama erosión institucional gradual, y es el mecanismo mediante el cual sistemas que mantienen una fachada electoral se vuelven progresivamente menos competitivos sin necesidad de declarar formalmente el fin de la democracia.
Irán tardó más de cuatro décadas en construir el sistema que colapsó en febrero de 2026. Lo construyó a partir de una revolución genuina, lo sostuvo con represión real y lo blindó con una doctrina que declaraba a Dios como fuente última de legitimidad política. México recorre una trayectoria distinta, con mecanismos distintos y en un contexto democrático cualitativamente diferente. Pero la historia iraní ofrece una enseñanza que trasciende las ideologías: los sistemas que concentran el poder bajo el argumento de que lo hacen en nombre del pueblo tienden a desarrollar mecanismos propios de reproducción que, con el tiempo, se vuelven más resistentes a la voluntad del pueblo que al de cualquier élite anterior. El Sha también creía gobernar en nombre de la modernización y el progreso nacional. Jomeini también creía gobernar en nombre de los oprimidos. Lo que los unía no era la ideología, sino la certeza de que el poder que ejercían era, por definición, legítimo.
Esa certeza es, históricamente, el primer síntoma de los sistemas que no saben cuándo detenerse.
