Alonso Quijano
28 de mayo de 2026
Ciudad de México.— En una sesión maratónica que se extendió más de 15 horas y concluyó pasada la medianoche del miércoles 27 al jueves 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados. La minuta fue remitida al Senado, donde se prevé su aprobación este mismo jueves. Pero eso no fue todo: en la misma madrugada, el pleno también respaldó la reforma constitucional para anular elecciones por intervención extranjera. México amaneció con dos transformaciones constitucionales simultáneas que reconfiguran tanto al sistema judicial como al electoral.
La primera reforma, bautizada extraoficialmente como Judicial 2.0, aplaza la elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a 2028. Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral busquen reelección en 2028, lo que les permitiría acumular hasta 17 años en el cargo. La reforma también crea dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figura que sustituye a las salas eliminadas por la reforma judicial de 2024. La oposición rechazó el dictamen por considerarlo un parche cosmético: argumentó que la iniciativa no corrige las antinomias constitucionales vigentes desde 2024, no elimina los llamados “acordeones” ni la intervención de partidos en las candidaturas judiciales, y que la elección de 2028 coincidirá con una eventual consulta de revocación de mandato, pese a que el acuerdo previo era evitar ese escenario. Una fractura notable se registró dentro del bloque oficialista: las 22 abstenciones provinieron todas de legisladores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Sergio Mayer.
La segunda medida —la llamada “Ley Anti-Trump” en el debate legislativo— es una reforma constitucional al artículo 41 impulsada por Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en San Lázaro. Establece como nueva causal de nulidad electoral la intervención comprobada de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con el propósito de influir en las preferencias o en los resultados de un proceso comicial. La propuesta considera que constituyen injerencia el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y los actos de presión política, económica, diplomática o mediática destinados a alterar la voluntad popular. La oposición advirtió que el concepto de soberanía nacional puede operar como un instrumento de censura política selectiva, sin contrapesos institucionales claros para determinar qué constituye “intervención extranjera” y qué no.
El paquete aprobado deja dos piezas pendientes de cierre. La primera es la legislación secundaria que operativizará la reforma constitucional de injerencia extranjera: los cambios a leyes secundarias detallarán el procedimiento de nulidad y ampliarán el catálogo de conductas consideradas como intervención foránea. La segunda es la creación formal de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que ese organismo revise perfiles y riesgos de posibles aspirantes con el fin de detectar vínculos con el crimen organizado , consultando para ello a la CNI, la FGR, la UIF y la CNBV. Esas reformas a leyes secundarias deberán ser aprobadas únicamente por Diputados y Senadores , sin requerir el aval de los congresos locales. La presión de fondo es el 30 de mayo, fecha límite para que cualquier modificación en materia electoral resulte efectiva de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Un dato que sintetiza el ritmo de la operación legislativa: la minuta de la reforma judicial llegó sellada al Senado a las 12:34 de la madrugada del 28 de mayo, apenas ocho minutos después de que el tablero electrónico de San Lázaro registrara la votación final a las 12:26 horas. El oficio, con número de expediente 7791, está firmado por la diputada secretaria Julieta Villalpando Riquelme y fechado el 26 de mayo de 2026 , es decir, dos días antes de que el pleno la aprobara.
Ciudad de México.— En una sesión maratónica que se extendió más de 15 horas y concluyó pasada la medianoche del miércoles 27 al jueves 28 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados. La minuta fue remitida al Senado, donde se prevé su aprobación este mismo jueves. Pero eso no fue todo: en la misma madrugada, el pleno también respaldó la reforma constitucional para anular elecciones por intervención extranjera. México amaneció con dos transformaciones constitucionales simultáneas que reconfiguran tanto al sistema judicial como al electoral.
La primera reforma, bautizada extraoficialmente como Judicial 2.0, aplaza la elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a 2028. Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral busquen reelección en 2028, lo que les permitiría acumular hasta 17 años en el cargo. La reforma también crea dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figura que sustituye a las salas eliminadas por la reforma judicial de 2024. La oposición rechazó el dictamen por considerarlo un parche cosmético: argumentó que la iniciativa no corrige las antinomias constitucionales vigentes desde 2024, no elimina los llamados “acordeones” ni la intervención de partidos en las candidaturas judiciales, y que la elección de 2028 coincidirá con una eventual consulta de revocación de mandato, pese a que el acuerdo previo era evitar ese escenario. Una fractura notable se registró dentro del bloque oficialista: las 22 abstenciones provinieron todas de legisladores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Sergio Mayer.
La segunda medida —la llamada “Ley Anti-Trump” en el debate legislativo— es una reforma constitucional al artículo 41 impulsada por Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en San Lázaro. Establece como nueva causal de nulidad electoral la intervención comprobada de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con el propósito de influir en las preferencias o en los resultados de un proceso comicial. La propuesta considera que constituyen injerencia el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y los actos de presión política, económica, diplomática o mediática destinados a alterar la voluntad popular. La oposición advirtió que el concepto de soberanía nacional puede operar como un instrumento de censura política selectiva, sin contrapesos institucionales claros para determinar qué constituye “intervención extranjera” y qué no.
El paquete aprobado deja dos piezas pendientes de cierre. La primera es la legislación secundaria que operativizará la reforma constitucional de injerencia extranjera: los cambios a leyes secundarias detallarán el procedimiento de nulidad y ampliarán el catálogo de conductas consideradas como intervención foránea. La segunda es la creación formal de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que ese organismo revise perfiles y riesgos de posibles aspirantes con el fin de detectar vínculos con el crimen organizado , consultando para ello a la CNI, la FGR, la UIF y la CNBV. Esas reformas a leyes secundarias deberán ser aprobadas únicamente por Diputados y Senadores , sin requerir el aval de los congresos locales. La presión de fondo es el 30 de mayo, fecha límite para que cualquier modificación en materia electoral resulte efectiva de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Un dato que sintetiza el ritmo de la operación legislativa: la minuta de la reforma judicial llegó sellada al Senado a las 12:34 de la madrugada del 28 de mayo, apenas ocho minutos después de que el tablero electrónico de San Lázaro registrara la votación final a las 12:26 horas. El oficio, con número de expediente 7791, está firmado por la diputada secretaria Julieta Villalpando Riquelme y fechado el 26 de mayo de 2026 , es decir, dos días antes de que el pleno la aprobara.
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