Jaqueline Sagaón
27 de mayo de 2026
Una sola factura electrónica resume la paradoja de la política energética del sexenio pasado: el vehículo que el gobierno federal eligió para erradicar el robo de combustible terminó pagándole a la empresa del hombre que las áreas de inteligencia identificaban como el principal arquitecto del contrabando de hidrocarburos en el norte del país. De acuerdo con los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconstruidos por el periodista Raúl Olmos en la investigación “Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas”, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Grupo Industrial Permart facturó y cobró a I.I.I. Servicios —filial de Petróleos Mexicanos— la cantidad exacta de 22 millones 185 mil 791 pesos con 98 centavos durante el ejercicio 2021. El administrador único y fundador de Permart era Sergio Carmona Angulo, señalado por inteligencia militar y civil de México y Estados Unidos con el alias de “el Rey del Huachicol”.
El comprobante no es un dato menor de contabilidad. Pemex y sus filiales han mantenido reservados los contratos físicos de esta operación alegando privacidad comercial, de modo que la relación quedó documentada por la vía fiscal: los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet son instrumentos firmados criptográficamente y validados por el SAT, que fijan con certeza legal la relación entre quien emite y quien paga. El historial fiscal de Permart, según la investigación de MCCI, no registraba ningún vínculo previo con I.I.I. Servicios antes de 2021, lo que apunta a una adjudicación coyuntural y no a una relación comercial consolidada. La empresa, además, estaba dada de alta ante el SAT bajo el giro de “otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada”, un rubro ajeno a la logística de hidrocarburos.
El contrato fue posible por el diseño jurídico de la propia operación. En enero de 2019, tras ordenar el cierre masivo de poliductos para detectar tomas clandestinas —medida que provocó un desabasto crítico en los principales centros urbanos del país—, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de emergencia de 500 pipas para sustituir el transporte por ducto. El gobierno no encargó la operación a la estructura ordinaria de la Administración Pública Federal, sino a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., constituida en 1995 como filial de Pemex. Bajo el marco mexicano, las filiales de Pemex operan como “empresa filial no paraestatal” y se rigen por el derecho privado, lo que dejó a I.I.I. Servicios legalmente exenta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La consecuencia práctica fue la supresión de las licitaciones públicas, de la transparencia en los fallos y de la rendición de cuentas estandarizada sobre el erario. A esa exención se sumó una incongruencia operativa: la filial tenía un objeto social inmobiliario y carecía de personal técnico, flotas, certificaciones y protocolos de seguridad para manejar materiales peligrosos, por lo que debió improvisar una red de subcontratación masiva.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó las consecuencias en la revisión de la Cuenta Pública 2019. Al analizar los instrumentos suscritos al amparo de la “emergencia nacional” —entre ellos el contrato TIS-SAF-ABI-019-2019—, los auditores reportaron que, si bien I.I.I. Servicios registró la recepción del cien por ciento de las 679 unidades revisadas, 282 pipas, el 41.5 por ciento, no fueron entregadas en los lugares geográficos comprometidos para mitigar el desabasto. La ASF identificó retrasos de entre 18 y 22 días naturales en el traslado de combustible a terminales como la TAD El Castillo y concluyó que esa ineficiencia “desestima la emergencia de abasto de combustible”, el argumento legal con el que el gobierno eludió las licitaciones. Los auditores señalaron además que la filial omitió aplicar las penas convencionales que correspondían a los proveedores por los incumplimientos. De haber estado sujetos a la ley de adquisiciones, esos incumplimientos habrían sido causal de rescisión.
El contrato con I.I.I. Servicios fue, de acuerdo con la documentación, el punto más alto de una estrategia más amplia. A través de Permart y de Grupo Industrial Joser, Sergio Carmona y su hermano Julio César Carmona Angulo habrían extraído de manera sistemática recursos públicos bajo la fachada de contratistas. Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia citados en la investigación documentan que ambas empresas recibieron, en conjunto, más de 335 millones 828 mil pesos en fondos públicos entre 2017 y 2019, provenientes de administraciones municipales, estatales y federales, entre ellas los Servicios de Salud de Tamaulipas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las investigaciones citadas sostienen que parte de las utilidades del contrabando se habría canalizado al financiamiento de campañas y estructuras de Morena en los ciclos electorales de 2021 y 2022, principalmente en Tamaulipas, y que en diciembre de 2018 Julio César Carmona habría pagado dos millones de dólares para asegurar el control de la Aduana de Reynosa, según reportes de inteligencia referidos en los expedientes. Ninguna de estas imputaciones ha sido resuelta mediante sentencia.
El esquema que sostenía esas cifras es el llamado “huachicol fiscal”, distinto del robo tradicional por perforación de ductos. Se trata de una defraudación tributaria ejecutada en aduanas y puertos formales que explota el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), gravamen que en gasolinas y diésel puede superar la mitad del valor de un cargamento. El mecanismo, descrito en los expedientes, consiste en declarar falsamente la naturaleza del hidrocarburo: combustible refinado importado de Estados Unidos se registra en los pedimentos como “aditivos para aceites lubricantes” o “aceites básicos”, exentos del impuesto. Autoridades y especialistas estiman que cada buque importado de esa forma genera ahorros ilícitos superiores a los siete millones de dólares.
El equilibrio de esa red se rompió de forma violenta. El 22 de noviembre de 2021, Sergio Carmona fue asesinado por un comando dentro de una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León; el crimen permanece sin responsables procesados. Tras la muerte, los registros corporativos muestran una reestructuración acelerada: en enero de 2022 Julio César Carmona renunció como administrador único de Permart y cedió el control a su cuñada, Perla Sharaza Mc Donald Sánchez, y para marzo de ese año los apellidos de la familia fundadora habían sido retirados del acta constitutiva, movimientos que, de acuerdo con la investigación, buscaban dificultar el rastreo financiero. Julio César Carmona cruzó después la frontera y, según reportes cruzados entre dependencias mexicanas —incluidos expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y debates en el Senado—, habría negociado un estatus de testigo protegido con agencias federales estadounidenses. En el sistema judicial de Estados Unidos están radicados los expedientes *USA v. Carmona*, identificados en PACER bajo los números 3:25-mj-06349, en la Corte de Distrito Oeste de Texas, y 1:26-cr-00349, ingresado en marzo de 2026 en la Corte de Distrito Sur de Texas, lo que indica un procesamiento penal activo a cargo del Departamento de Justicia.
El componente estadounidense de la red se concentra en Houston. La comercializadora Ikon Midstream LLC ha sido identificada como proveedora recurrente de diésel y gasolina para las estructuras que operaban del lado mexicano, con embarques que zarpaban de las terminales de Watco’s Greens Port, en el Canal de Navegación de Houston, rumbo a las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas. En abril de 2025, agentes del FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutaron órdenes de cateo en las oficinas centrales de la empresa para asegurar registros de exportación y comunicaciones corporativas. Su director ejecutivo, Rhett Kenagy, y los apoderados legales de la compañía han sostenido públicamente su inocencia, han subrayado que no hubo arrestos el día del operativo y han litigado por presunta difamación contra la agencia Reuters. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció, en declaraciones desde Palacio Nacional, la existencia de empresarios estadounidenses bajo investigación: “Sí hay empresarios estadounidenses en los casos que se están investigando… De otra forma no se explica cómo viene el combustible de Estados Unidos a México y entra ilegalmente”.
Para que ese combustible cruzara las aduanas disfrazado de lubricante, la operación requería neutralizar los controles portuarios. La evidencia citada apunta a una camarilla de mandos de la Secretaría de Marina encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la dependencia entre 2018 y 2024. Según fuentes internas referidas en la investigación, su poder fáctico derivaba de ese parentesco, que les habría permitido colocar capitanes de confianza en aduanas estratégicas como Altamira, Tampico, Guaymas y Ensenada. Testigos protegidos descritos en los expedientes con alias como “Capitán Santo” relataron un sistema de sobornos en efectivo —de hasta 50 mil pesos por evento— para garantizar la inacción de los inspectores. El cruce de bitácoras portuarias documenta que la red operó al menos 69 cargamentos de buques tanque entre junio de 2023 y principios de 2025, con embarcaciones de bandera de conveniencia que llegaron a realizar hasta siete cruces consecutivos. Por esa vía habrían ingresado al menos 564 millones de litros de combustible, con una utilidad ilícita estimada superior a los 150 millones de dólares.
El cerco comenzó a cerrarse en marzo de 2025, cuando la inspección del buque *Challenge Procyon* en Tampico reveló diésel en lugar de los aditivos exentos declarados en el pedimento, lo que detonó incautaciones de millones de litros en Altamira y Ensenada y el aseguramiento de pipas, bombas y armamento. El contralmirante Fernando Farías Laguna huyó del país; a petición del gobierno mexicano, la Interpol emitió ficha roja y en abril de 2026 fue detenido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Tribunales argentinos que le negaron la libertad caucional documentaron que ingresó a ese país con pasaportes y credenciales falsificadas de Guatemala; su defensa tramitó una solicitud de asilo político para frenar la extradición. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) integró carpetas en su contra por presunto lavado de dinero, tras detectar transferencias por más de 41 millones de pesos entre 2021 y 2025 incompatibles con su tabulador salarial.
La línea de protección, según los testimonios y las pesquisas binacionales, se extiende hasta el entorno presidencial. El escrutinio del FBI, de acuerdo con la investigación de Olmos y reportes como los del proyecto Código Magenta, se ha centrado en Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente, sin que se hayan formulado cargos en su contra. Las autoridades estadounidenses examinarían una presunta red de tráfico de influencias operada por personas sin cargo formal que habrían usado su parentesco para destrabar trámites en aduanas y dependencias de salud. En ese esquema se identifica a Jorge Amílcar Olán Aparicio como presunto gestor financiero cercano a López Beltrán, cuyas empresas habrían empleado a Ikon Midstream como proveedor de hidrocarburos y habrían obtenido, por adjudicación directa, contratos por más de 490 millones de pesos del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El Departamento de Justicia explora si la protección de la que gozaba Ikon en las aduanas respondía a una directriz vinculada a ese núcleo. Las imputaciones, en este punto, son materia de investigación y no de acusación formal.
El volumen de dinero exigió una ingeniería financiera sofisticada. La FGR, en el expediente FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025, rastreó 555 personas morales utilizadas para inyectar al sistema bancario más de 4 mil 591 millones de pesos derivados de la red aduanera. Entre los conductos identificados destaca Grupo Potesta, S.A. de C.V., que en 2021 registró ingresos por 87.8 millones de pesos pese a declarar solo ocho empleados y operar bajo domicilios fiscales que la fiscalía describe como fachada. Según las auditorías, Grupo Potesta canalizó al menos 220 millones de pesos a través de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., correduría fundada y propiedad de Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante la administración de López Obrador. Los fiscales sostienen que la casa de bolsa habría funcionado como vehículo para dispersar el efectivo hacia jurisdicciones externas; el caso se mantiene en fase de investigación y no existe resolución firme.
La impunidad de la red supone, para las autoridades que la investigan, la inacción o el encubrimiento de instituciones de seguridad. En Tabasco, tierra natal del expresidente y entonces gobernada por Adán Augusto López Hernández —después secretario de Gobernación y hoy senador—, la inyección de capital criminal habría propiciado la consolidación de la organización “La Barredora”. Investigaciones federales identifican como su presunto líder a Hernán Bermúdez Requena, a quien el propio gobernador había nombrado secretario de Seguridad Pública estatal, detenido y extraditado desde Paraguay. Adán Augusto López se ha deslindado públicamente de cualquier vínculo con esa organización y con el huachicol fiscal. A nivel federal, el cruce de los documentos del hackeo conocido como Guacamaya Leaks indica que el Centro Nacional de Inteligencia, entonces dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, habría conocido desde 2020 las coordenadas de refinerías clandestinas y operaciones de desvío sin que se tradujera en acción judicial, lo que configuraría posibles responsabilidades por omisión que tendrían que dirimirse ante las instancias correspondientes.
El daño llegó a ser reconocido dentro del propio oficialismo. El senador Ricardo Monreal Ávila admitió en foros oficiales que el huachicol fiscal había minado las finanzas públicas y las arcas de Pemex, y lo describió como una de las principales “fuentes de alimentación del crimen organizado y de corrupción en las aduanas de México”, al advertir que su neutralización es condición para sostener la estabilidad económica y la inversión extranjera. El daño fiscal, modelado sobre los más de 564 millones de litros comprobados, equivale —según la propia investigación— a recursos suficientes para financiar presupuestos completos de entidades federativas.
El expediente, hoy repartido entre auditorías mexicanas, la FGR y tribunales federales de Texas, deja una consecuencia abierta. Al judicializarse en Estados Unidos la participación de empresarios estadounidenses e incorporarse a las carpetas figuras ligadas a exfuncionarios, a la cúpula naval y al círculo familiar del expresidente, el desenlace del caso dejó de depender exclusivamente de las instituciones mexicanas. La cruzada que prometió erradicar el huachicol, operada desde una filial blindada del escrutinio de adquisiciones, terminó documentada como la plataforma que financió campañas y corrompió controles fronterizos. Lo que sigue son las extradiciones pendientes, las acusaciones que el Departamento de Justicia podría formalizar y la decisión política de desmantelar o tolerar las estructuras que la hicieron posible.
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