Julio Gálvez
29 de mayo de 2026
He cubierto la política mexicana el tiempo suficiente para reconocer un patrón cuando regresa disfrazado. Lo vi nacer con el PRI hegemónico, lo vi agrietarse en los años noventa, lo vi derrumbarse en el 2000 entre promesas de que México nunca volvería a depositar todo el poder en una sola mano. Y lo estoy viendo rearmarse hoy, con otros colores y el mismo manual. Morena llegó al poder jurando enterrar al viejo régimen. Seis años después, el sepelio se parece cada vez más a una herencia: el difunto no murió, se cambió de partido.
El argumento de quienes gobiernan es conocido y tiene fuerza retórica. Dicen que democratizaron la justicia, que acabaron con organismos caros y elitistas, que devolvieron al pueblo lo que las élites le habían arrebatado. Es legítimo discutirlo. Pero el periodismo no se hace con intenciones declaradas, sino con hechos consumados. Y los hechos dibujan una arquitectura del poder que ningún gobierno posrevolucionario había logrado armar con tanta velocidad.
Empecemos por el Poder Judicial, porque ahí está el corazón del asunto. En septiembre de 2024 se aprobó la reforma que sometió a voto popular a más de mil seiscientos cargos judiciales, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. El 1 de junio de 2025 se celebró la primera elección. Votó alrededor del 13 por ciento del padrón. Con esa participación —que la Presidencia calificó de éxito—, los perfiles afines al oficialismo ganaron la mayoría de los cargos en disputa. Observadores nacionales e internacionales coincidieron en lo esencial: con ese resultado, el partido gobernante cerró el control sobre las tres ramas del Estado. La justicia que debía vigilar al poder ahora la elige, en los hechos, quien ejerce el poder. No hace falta forzar la comparación: durante décadas, el PRI no necesitó nombrar jueces a la fuerza; le bastó con que ninguno se atreviera a contradecir a Los Pinos. Cambió el método; el efecto es el mismo.
Lo verdaderamente revelador vino después. En abril de 2026, los propios legisladores de Morena presentaron una iniciativa para corregir la reforma que ellos mismos habían celebrado como histórica. Proponen aplazar a 2028 las elecciones judiciales pendientes, suprimir requisitos que ahora consideran “subjetivos” y crear un comité único de evaluación de aspirantes. Es decir: el experimento que se vendió como triunfo de la voluntad popular resultó tan improvisado que hubo que rehacerlo a los pocos meses, y la solución propuesta concentra todavía más la decisión sobre quién puede ser juez. Reformar la reforma para apretar la tuerca. Si esto no es ingeniería institucional al servicio de un proyecto, que alguien me explique qué es.
Sigamos con los contrapesos que ya no existen. Entre noviembre y diciembre de 2024, la supermayoría oficialista declaró la extinción de siete órganos autónomos: el INAI, encargado de la transparencia; la Cofece, que vigilaba la competencia económica; el IFT, el Coneval, la CRE, la CNH y MejorEdu. Sus funciones no se eliminaron: se trasladaron a secretarías que dependen directamente del Ejecutivo. El órgano que obligaba al gobierno a transparentar sus actos quedó absorbido por el propio gobierno. Vale la pena recordar que muchos de quienes votaron por desaparecerlos los habían defendido con vehemencia cuando eran oposición; existen los videos, y la oposición se encargó de exhibirlos en tribuna. No es un detalle menor. Es la definición misma de la incoherencia: combatir desde fuera lo que se abraza desde dentro.
Y ahora viene la pieza que faltaba. Desde finales de 2025, el oficialismo confirmó que prepara una reforma electoral que sus propios legisladores anuncian como “tan profunda como la judicial”, con la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en sustitución del INE. El árbitro de las elecciones, rediseñado por el equipo que más se beneficia de las elecciones. Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí: tras los comicios de 2024, la autoridad electoral aplicó las reglas de sobrerrepresentación de manera que la coalición gobernante obtuvo la mayoría calificada en el Congreso. Con esa mayoría se reformó la justicia, se borraron los autónomos y ahora se va por las reglas del juego electoral. El círculo se cierra solo.
Hay una divisa que el oficialismo repite con solemnidad: que el proyecto de nación está por encima de las aspiraciones políticas personales. Suena impecable. Pero cabe la pregunta incómoda: ¿cómo se transforma un país con las mismas mentes que lo destruyeron formadas hoy en tus propias filas? Los operadores que ayer encarnaban al viejo régimen amanecieron purificados de la noche a la mañana, con sólo cruzar la calle y cambiar el color de la camiseta. Ninguna transformación verdadera se construye reciclando a quienes prometió desplazar.
Quien conozca la historia sabe que esto no es nuevo. Es la fórmula del partido hegemónico que México tardó setenta años en desmontar: ganar todo, controlar al árbitro, domesticar a los jueces, vaciar los contrapesos y blindar las decisiones para que ninguna vía jurídica u opositora pueda revertirlas. La ciencia política tiene un nombre técnico para este proceso lento y legal: erosión institucional. No hay tanques en las calles ni elecciones suspendidas. Hay mayorías que reescriben las reglas a su medida, una reforma a la vez, siempre invocando al pueblo. Exactamente como antes.
No escribo esto como adversario de un proyecto ni como nostálgico de los gobiernos que el actual desplazó; aquellos también merecieron, y recibieron, crítica dura en estas páginas. Lo escribo como quien ha visto la película completa. Morena no inventó la concentración del poder: la heredó, la perfeccionó y la ejecutó más rápido. Se dijeron diferentes y, en lo esencial —el desprecio por los contrapesos—, copiaron al maestro. La tragedia no es que un movimiento cambie de bando; es que México vuelva a quedarse sin diques justo cuando creía haberlos construido para siempre.
La pregunta que queda abierta, y que este medio seguirá vigilando, es sencilla y vieja como la República: ¿quién vigila al que todo lo controla? Por ahora, la respuesta oficial es el pueblo, cada seis años. La respuesta del PRI fue idéntica durante siete décadas. Sabemos cómo terminó.
He cubierto la política mexicana el tiempo suficiente para reconocer un patrón cuando regresa disfrazado. Lo vi nacer con el PRI hegemónico, lo vi agrietarse en los años noventa, lo vi derrumbarse en el 2000 entre promesas de que México nunca volvería a depositar todo el poder en una sola mano. Y lo estoy viendo rearmarse hoy, con otros colores y el mismo manual. Morena llegó al poder jurando enterrar al viejo régimen. Seis años después, el sepelio se parece cada vez más a una herencia: el difunto no murió, se cambió de partido.
El argumento de quienes gobiernan es conocido y tiene fuerza retórica. Dicen que democratizaron la justicia, que acabaron con organismos caros y elitistas, que devolvieron al pueblo lo que las élites le habían arrebatado. Es legítimo discutirlo. Pero el periodismo no se hace con intenciones declaradas, sino con hechos consumados. Y los hechos dibujan una arquitectura del poder que ningún gobierno posrevolucionario había logrado armar con tanta velocidad.
Empecemos por el Poder Judicial, porque ahí está el corazón del asunto. En septiembre de 2024 se aprobó la reforma que sometió a voto popular a más de mil seiscientos cargos judiciales, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. El 1 de junio de 2025 se celebró la primera elección. Votó alrededor del 13 por ciento del padrón. Con esa participación —que la Presidencia calificó de éxito—, los perfiles afines al oficialismo ganaron la mayoría de los cargos en disputa. Observadores nacionales e internacionales coincidieron en lo esencial: con ese resultado, el partido gobernante cerró el control sobre las tres ramas del Estado. La justicia que debía vigilar al poder ahora la elige, en los hechos, quien ejerce el poder. No hace falta forzar la comparación: durante décadas, el PRI no necesitó nombrar jueces a la fuerza; le bastó con que ninguno se atreviera a contradecir a Los Pinos. Cambió el método; el efecto es el mismo.
Lo verdaderamente revelador vino después. En abril de 2026, los propios legisladores de Morena presentaron una iniciativa para corregir la reforma que ellos mismos habían celebrado como histórica. Proponen aplazar a 2028 las elecciones judiciales pendientes, suprimir requisitos que ahora consideran “subjetivos” y crear un comité único de evaluación de aspirantes. Es decir: el experimento que se vendió como triunfo de la voluntad popular resultó tan improvisado que hubo que rehacerlo a los pocos meses, y la solución propuesta concentra todavía más la decisión sobre quién puede ser juez. Reformar la reforma para apretar la tuerca. Si esto no es ingeniería institucional al servicio de un proyecto, que alguien me explique qué es.
Sigamos con los contrapesos que ya no existen. Entre noviembre y diciembre de 2024, la supermayoría oficialista declaró la extinción de siete órganos autónomos: el INAI, encargado de la transparencia; la Cofece, que vigilaba la competencia económica; el IFT, el Coneval, la CRE, la CNH y MejorEdu. Sus funciones no se eliminaron: se trasladaron a secretarías que dependen directamente del Ejecutivo. El órgano que obligaba al gobierno a transparentar sus actos quedó absorbido por el propio gobierno. Vale la pena recordar que muchos de quienes votaron por desaparecerlos los habían defendido con vehemencia cuando eran oposición; existen los videos, y la oposición se encargó de exhibirlos en tribuna. No es un detalle menor. Es la definición misma de la incoherencia: combatir desde fuera lo que se abraza desde dentro.
Y ahora viene la pieza que faltaba. Desde finales de 2025, el oficialismo confirmó que prepara una reforma electoral que sus propios legisladores anuncian como “tan profunda como la judicial”, con la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en sustitución del INE. El árbitro de las elecciones, rediseñado por el equipo que más se beneficia de las elecciones. Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí: tras los comicios de 2024, la autoridad electoral aplicó las reglas de sobrerrepresentación de manera que la coalición gobernante obtuvo la mayoría calificada en el Congreso. Con esa mayoría se reformó la justicia, se borraron los autónomos y ahora se va por las reglas del juego electoral. El círculo se cierra solo.
Hay una divisa que el oficialismo repite con solemnidad: que el proyecto de nación está por encima de las aspiraciones políticas personales. Suena impecable. Pero cabe la pregunta incómoda: ¿cómo se transforma un país con las mismas mentes que lo destruyeron formadas hoy en tus propias filas? Los operadores que ayer encarnaban al viejo régimen amanecieron purificados de la noche a la mañana, con sólo cruzar la calle y cambiar el color de la camiseta. Ninguna transformación verdadera se construye reciclando a quienes prometió desplazar.
Quien conozca la historia sabe que esto no es nuevo. Es la fórmula del partido hegemónico que México tardó setenta años en desmontar: ganar todo, controlar al árbitro, domesticar a los jueces, vaciar los contrapesos y blindar las decisiones para que ninguna vía jurídica u opositora pueda revertirlas. La ciencia política tiene un nombre técnico para este proceso lento y legal: erosión institucional. No hay tanques en las calles ni elecciones suspendidas. Hay mayorías que reescriben las reglas a su medida, una reforma a la vez, siempre invocando al pueblo. Exactamente como antes.
No escribo esto como adversario de un proyecto ni como nostálgico de los gobiernos que el actual desplazó; aquellos también merecieron, y recibieron, crítica dura en estas páginas. Lo escribo como quien ha visto la película completa. Morena no inventó la concentración del poder: la heredó, la perfeccionó y la ejecutó más rápido. Se dijeron diferentes y, en lo esencial —el desprecio por los contrapesos—, copiaron al maestro. La tragedia no es que un movimiento cambie de bando; es que México vuelva a quedarse sin diques justo cuando creía haberlos construido para siempre.
La pregunta que queda abierta, y que este medio seguirá vigilando, es sencilla y vieja como la República: ¿quién vigila al que todo lo controla? Por ahora, la respuesta oficial es el pueblo, cada seis años. La respuesta del PRI fue idéntica durante siete décadas. Sabemos cómo terminó.
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