La reforma que prometió "democratizar la justicia" entregó, sin proponérselo, una licencia constitucional para investigar, criticar y hasta ridiculizar a los nuevos jueces electos.
Julio Gálvez
22 de junio de 2026
El 1 de junio de 2025, México hizo algo que ningún país del mundo se había atrevido a hacer: mandó a las urnas a “todo” su Poder Judicial federal. Ese domingo se eligieron por voto popular 881 cargos —nueve ministros de la Suprema Corte incluidos— en una jornada que la oposición llamó funeral de la independencia judicial y que el oficialismo celebró como "éxito histórico".
A la elección acudió apenas el 13 por ciento del padrón. Hubo más de diez millones de votos nulos. Y de aquellas boletas salió una Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, un perfil que casi nadie tenía en el radar. Pero más allá de los nombres y de los números, esa jornada disparó una consecuencia jurídica que casi nadie advirtió y que cambia las reglas del juego para siempre:
El juez que pide el voto deja de ser intocable.
No es una opinión. Es la lectura constitucional inevitable de lo que ocurrió. Y conviene entenderla bien, porque en 2027 —ahora con miras a recorrerse a 2028— la otra mitad de jueces de distrito y magistrados de circuito volverá a las urnas.
El escrutinio no fue un episodio: es el nuevo estado permanente de la magistratura mexicana.
La transmutación: del estrado técnico a la plaza pública
Hasta septiembre de 2024, el juez mexicano era un funcionario técnico. Llegaba por mérito, por examen, por carrera. Su legitimidad no se medía en votos sino en sentencias bien fundadas. Por eso gozaba de un respeto reverencial: nadie le exigía simpatía, solo derecho.
La reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 hizo añicos ese modelo. Al insertar a los juzgadores en campañas, asambleas, spots y contienda electoral, el Estado no hizo un ajuste administrativo: “cambió la naturaleza misma del juez.” Lo bajó del estrado y lo paró en la plaza, a pedir el voto como cualquier político.
Y aquí está la trampa que nadie quiso ver: no se puede reclamar legitimidad democrática basada en el voto y, al mismo tiempo, rechazar la carga que el voto impone a todo político. Esa carga tiene un nombre: escrutinio irrestricto.
La transmutación: del estrado técnico a la plaza pública
Hasta septiembre de 2024, el juez mexicano era un funcionario técnico. Llegaba por mérito, por examen, por carrera. Su legitimidad no se medía en votos sino en sentencias bien fundadas. Por eso gozaba de un respeto reverencial: nadie le exigía simpatía, solo derecho.
La reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 hizo añicos ese modelo. Al insertar a los juzgadores en campañas, asambleas, spots y contienda electoral, el Estado no hizo un ajuste administrativo: “cambió la naturaleza misma del juez.” Lo bajó del estrado y lo paró en la plaza, a pedir el voto como cualquier político.
Y aquí está la trampa que nadie quiso ver: no se puede reclamar legitimidad democrática basada en el voto y, al mismo tiempo, rechazar la carga que el voto impone a todo político. Esa carga tiene un nombre: escrutinio irrestricto.
La paradoja Ferrajoli: el crítico que entregó la llave
El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha sido el enemigo más feroz de esta reforma. La calificó de "supresión de la separación de poderes" y advirtió que convertiría a la democracia mexicana en una "autocracia electiva", capaz de producir "jueces de derecha, de centro y de izquierda" y de destruir la imparcialidad.
Pero hay una ironía exquisita en su crítica. Ferrajoli distingue entre funciones de gobierno —el Ejecutivo y el Legislativo, que se legitiman por el voto— y funciones de garantía —el Poder Judicial, que se legitima por su sujeción a la ley, no por el aplauso de las mayorías—. El juez, decía, debe operar “sine spe et sine metu”: sin esperanza de premio político ni miedo a la desaprobación pública.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha sido el enemigo más feroz de esta reforma. La calificó de "supresión de la separación de poderes" y advirtió que convertiría a la democracia mexicana en una "autocracia electiva", capaz de producir "jueces de derecha, de centro y de izquierda" y de destruir la imparcialidad.
Pero hay una ironía exquisita en su crítica. Ferrajoli distingue entre funciones de gobierno —el Ejecutivo y el Legislativo, que se legitiman por el voto— y funciones de garantía —el Poder Judicial, que se legitima por su sujeción a la ley, no por el aplauso de las mayorías—. El juez, decía, debe operar “sine spe et sine metu”: sin esperanza de premio político ni miedo a la desaprobación pública.
El problema es que la reforma ya es derecho positivo vigente. Y al volverse ley, la teoría de Ferrajoli deja de ser solo una denuncia para convertirse en la clave de lectura del nuevo juez. Si la Constitución le arrebató al juzgador su legitimidad técnica y contramayoritaria para vestirlo de legitimidad representativa —la del voto—, entonces el juez ya no es un guardián aséptico del derecho: es, por definición constitucional, un mandatario popular.
Y un mandatario popular no puede invocar el respeto intocable que se le otorgaba al funcionario técnico. Sus creencias, su patrimonio, sus sesgos y sus fallos polémicos quedan, por mandato del propio sistema, bajo el microscopio público. El crítico de la reforma terminó entregándonos el manual para vigilar a los jueces que la reforma creó.
Sartori: por qué un meme vale tanto como un voto
Si el juez ahora se gana por elección, entonces se aplica la lógica de toda elección. Y ahí entra Giovanni Sartori.
Para Sartori, la democracia es, en esencia, un "gobierno de opinión". No basta con votar: hace falta un electorado con opiniones propias e informadas. Un pueblo que ratifica a ciegas es un "soberano vacío". Y esas opiniones no nacen solas: se forman en los medios, en la crítica, en la conversación pública.
Llevemos eso al terreno real. Ningún ciudadano va a leer cientos de sentencias para decidir por qué juez votar. Es “materialmente imposible.” Entonces, ¿quién traduce el historial de un candidato judicial, exhibe sus vínculos partidistas, denuncia su presunto enriquecimiento o cuestiona la sentencia con la que liberó a un delincuente? Los medios, los periodistas, los ciudadanos. Y, en la era del “homo videns” que el propio Sartori diagnosticó, lo hacen con las armas de la videopolítica: la caricatura, la viñeta, el meme.
Un meme no es entretenimiento. “Es una unidad de información política comprimida” que apela a la emoción y al reconocimiento inmediato de un vicio, un error o un conflicto de interés.
En una elección judicial masiva, donde el conocimiento jurídico de la población es desigual, la caricatura cumple una función democrática precisa: “desnudar el poder para poder leerlo mejor.” Quien dibuja a un ministro sometiéndose a presiones partidistas no está haciendo un chiste vacío: está ejerciendo un derecho funcionalmente idéntico al de votar.
El blindaje: por qué, legalmente, no pueden demandarte
Aquí es donde el argumento deja de ser teoría política y se vuelve coraza jurídica. Porque un juez agraviado por una crítica podría sentirse tentado a demandar. La ley se lo impide casi por completo. Por tres candados.
Primero, el umbral de tolerancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuya jurisprudencia obliga a México— sostiene que los funcionarios electos y los candidatos a cargos de elección popular “no gozan de la misma protección a su honor” que un ciudadano común. Al exponerse voluntariamente al voto, aceptan una vigilancia más estricta. Lo confirmó la sentencia “Baraona Bray vs. Chile” (2022): castigar penalmente a quien critica a un funcionario por asuntos de interés público es, por sí mismo, contrario a la Convención Americana, porque siembra autocensura y mata el debate. La libertad de expresión —dijo la Corte— protege incluso los discursos que chocan, perturban u ofenden.
Segundo, la "malicia efectiva". La Suprema Corte mexicana adoptó este estándar del célebre caso estadounidense “New York Times vs. Sullivan”. Significa que, para demandar a un periodista o a un ciudadano por daño moral, el juez agraviado no tiene que probar que la crítica era falsa: tiene que probar que se publicó “a sabiendas de su falsedad o con desprecio temerario por la verdad.” Una barrera casi insalvable. Si alguien comparte de buena fe una investigación sobre el patrimonio de un magistrado y un dato resulta inexacto, el magistrado no puede demandarlo: tendría que demostrar la intención deliberada de mentir.
Tercero, la inmunidad de las opiniones. La SCJN ha sido tajante: las ideas, los juicios de valor y las conjeturas “no se someten a prueba de verdad”, porque una opinión no es ni verdadera ni falsa. Decir "este magistrado es un peligro para la justicia" o "sus sentencias huelen a servilismo político" son opiniones blindadas constitucionalmente.
¿Y los memes y las caricaturas? Gozan de un estatus todavía más privilegiado. La Corte los ampara bajo el principio del “animus iocandi” —el ánimo de bromear— y exige hacia ellos una tolerancia “mayor” que hacia cualquier otra expresión. Lo mismo resolvió la justicia estadounidense en “Hustler vs. Falwell”, al validar incluso la parodia ultrajante contra figuras públicas. Un dibujo sarcástico no afirma un hecho falso: emite una exageración irónica que ningún espectador razonable confundiría con un peritaje. Es, sencillamente, “no judicializable”.
La advertencia: el acoso judicial será ilegítimo
Que quede claro, porque alguno lo intentará. Cualquier juez electo que recurra al “acoso judicial” —las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, o SLAPP— para silenciar a un medio, imponer una sanción por difamación o pedir censura previa sobre las críticas a su candidatura, estará violando frontalmente los estándares interamericanos.
El nuevo juez no puede tener las dos cosas. No puede pedir el voto como político y exigir el silencio como si fuera intocable. Eligió las urnas; con ellas vienen los reflectores.
Donde hay luz electoral, siempre habrá sombras
La reforma de 2024 quiso acercar la justicia al pueblo. Tal vez lo logró de un modo que sus autores no calcularon: al volver electos a los jueces, los volvió fiscalizables, criticables, caricaturizables. Les quitó la coraza de la majestad jurisdiccional y los entregó al juicio diario de la opinión pública.
Quien desciende al lodo de las urnas debe soportar, también, el fango de la sátira. No es un abuso: es el precio de la legitimidad democrática. La democracia exige luz sobre quienes ostentan el poder. Y donde hay luz electoral, siempre habrá sombras dibujadas por la prensa, por el ingenio del ciudadano y por la libre opinión de un pueblo que, ahora sí, vigila a sus jueces.
El que no quiera ser visto, que no pida el voto.
