Julio Gálvez
19 de septiembre de 2026
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, presentó uno de los operativos más espectaculares de los últimos años en materia de combustibles: más de 59 millones de litros asegurados en Guanajuato. La cifra era monumental y rápidamente fue convertida en titulares como un supuesto “decomiso histórico de huachicol”. El problema es que, conforme se conocieron más detalles, la historia comenzó a desinflarse: el operativo había ocurrido casi dos semanas antes, no hubo detenidos, la terminal retomó operaciones y la propia FGR todavía investiga si todo ese combustible tiene realmente procedencia ilícita.
La FGR informó que sus investigaciones contra posibles redes relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos condujeron al aseguramiento de 59 millones 36 mil 870 litros de combustible en Guanajuato. Solamente en las instalaciones de San José Iturbide fueron contabilizados millones de litros de gasolina regular, Premium y diésel, además de vehículos, documentación contable y facturas.
La magnitud del aseguramiento convirtió inmediatamente el caso en noticia nacional.
Sin embargo, había una frase dentro del propio comunicado de la Fiscalía que obligaba a poner freno al entusiasmo: se trataba de hidrocarburo “del cual no se ha acreditado su origen”.
La FGR señaló además que continuaría investigando posibles delitos en materia de hidrocarburos y fiscales en caso de que no pudiera acreditarse la propiedad y trazabilidad del producto.
Es decir, la propia Fiscalía todavía no ha establecido públicamente que los 59 millones de litros sean combustible robado, contrabandeado o producto de algún delito.
Eso es precisamente lo que continúa investigando.
La diferencia no es menor desde el punto de vista jurídico. Lo realizado hasta ahora es un aseguramiento ministerial, no un decomiso definitivo producto de una sentencia judicial. Por ello, presentar desde el primer momento los 59 millones de litros como un “decomiso histórico de huachicol” significa adelantar una conclusión que la propia investigación todavía no ha demostrado.
Después llegó otro dato incómodo.
El periódico Reforma reveló que la intervención en las instalaciones vinculadas con Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, no había ocurrido el día en que la FGR hizo público el caso.
El operativo se había realizado desde el 4 de septiembre.
Es decir, habían transcurrido aproximadamente 13 días entre la intervención de las autoridades y el anuncio nacional del supuesto golpe histórico.
Pero hay más.
Durante el operativo no hubo detenidos.
La terminal tampoco permaneció clausurada definitivamente.
Por el contrario, después de permanecer temporalmente cerrada durante las diligencias, retomó operaciones.
Entonces surgió la pregunta inevitable: si la Fiscalía acababa de descubrir uno de los mayores depósitos de supuesto huachicol de la historia reciente del país, ¿por qué la terminal estaba nuevamente funcionando y por qué nadie había sido detenido?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tuvo que explicar públicamente lo ocurrido.
“En ese momento no había nadie”, respondió al ser cuestionado sobre la ausencia de detenidos.
Harfuch afirmó que posteriormente podrían realizarse capturas conforme avanzara la investigación y explicó que las pesquisas habrían comenzado desde julio, después de la detención del conductor de una pipa que transportaba alrededor de 33 mil litros de diésel cuya trazabilidad no habría podido acreditar en ese momento.
Según la explicación oficial, aquella investigación terminó conduciendo a la terminal de San José Iturbide.
Pero Grupo SIMSA presentó una versión completamente distinta sobre la naturaleza de sus operaciones.
Gas Natural del Noroeste sostuvo que su terminal funciona legalmente y cuenta con permisos oficiales para almacenar petrolíferos. La empresa afirmó además que los combustibles localizados dentro de sus instalaciones no necesariamente son propiedad de SIMSA, sino de distintos clientes que utilizan la terminal para recepción y almacenamiento.
De acuerdo con la compañía, cada usuario debe acreditar la propiedad, procedencia y calidad del producto que deposita en las instalaciones.
SIMSA aseguró haber entregado a las autoridades la documentación requerida y sostuvo que sus operaciones son legales y verificables.
Esta versión, naturalmente, tampoco constituye por sí misma una exoneración. Corresponde a la FGR revisar contratos, pedimentos, facturas, permisos, registros ferroviarios, documentos fiscales y toda la cadena de trazabilidad de cada litro asegurado.
Pero exactamente por la misma razón tampoco puede afirmarse, sin una investigación concluida, que los 59 millones de litros constituyan huachicol.
La presidenta Claudia Sheinbaum terminó reconociendo que la investigación todavía no ha concluido.
El gobierno federal sostiene que las autoridades continúan rastreando el origen del combustible, la manera en que llegó hasta la terminal y su eventual destino.
Ahí se encuentra precisamente el verdadero problema de comunicación de la Fiscalía.
Primero se difundió una cifra extraordinaria.
Después llegó la espectacularización del supuesto “decomiso histórico”.
Y finalmente comenzaron las aclaraciones.
No hubo detenidos.
El operativo había ocurrido 13 días antes.
La empresa cuenta con permisos.
La terminal retomó actividades.
Los propietarios de los combustibles serían distintos clientes.
Y la propia FGR todavía debe determinar si efectivamente existe combustible de procedencia ilícita y quién sería responsable.
Las preguntas siguen acumulándose.
¿Quiénes son los propietarios de los 59 millones de litros?
¿Qué empresas entregaron cada cargamento?
¿Dónde fueron adquiridos?
¿Quién los importó?
¿Quién los transportó?
¿Qué documentos respaldan cada operación?
¿Qué cantidad del combustible carece realmente de trazabilidad?
¿Existen facturas falsas, irregularidades fiscales, contrabando o simulación de importaciones?
Si existen delitos, la Fiscalía tendrá que demostrarlo y proceder contra quienes resulten responsables.
Pero las investigaciones penales funcionan justamente así: primero se investiga y después se acusa.
No al revés.
El episodio resulta todavía más llamativo porque ocurre mientras la Fiscalía de Ernestina Godoy enfrenta otra incómoda controversia relacionada con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Dentro de un procedimiento judicial relacionado con Fernando Farías Laguna, la FGR informó que no había logrado localizar al exsecretario para una diligencia solicitada por la defensa.
Ojeda no se encuentra acusado en ese asunto y, según ha sostenido públicamente el gobierno federal, tampoco existe una carpeta de investigación en su contra por esos hechos. Su comparecencia fue requerida en calidad de testigo.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a precisar que Rafael Ojeda “no está escondido” y que tampoco se ha negado a declarar.
La escena, sin embargo, resulta difícil de ignorar.
La misma Fiscalía que presentó como un enorme golpe contra el huachicol el aseguramiento de 59 millones de litros dentro de una terminal que posteriormente continuó funcionando había informado también dificultades para localizar a quien durante seis años fue secretario de Marina.
La contradicción institucional es cuando menos incómoda.
Nada de esto significa que los 59 millones de litros necesariamente sean legales.
La investigación puede terminar acreditando irregularidades fiscales, contrabando, documentación falsa, simulación de operaciones o delitos relacionados con hidrocarburos.
Si existen, deberán perseguirse.
Pero tampoco puede construirse una condena pública antes de contar con pruebas suficientes.
Hasta ahora existe combustible asegurado, documentación bajo análisis, una empresa que afirma operar legalmente, una terminal nuevamente activa, cero detenidos durante el operativo y una investigación que todavía no termina.
Por eso, el llamado “decomiso histórico” de la FGR de Ernestina Godoy comienza a parecer menos histórico conforme aparecen los detalles.
Porque 59 millones de litros asegurados no equivalen automáticamente a 59 millones de litros de huachicol.
Y mientras la Fiscalía no demuestre lo contrario, esa diferencia jurídica y periodística importa.
Mucho.
