¡JUSTICIA SEÑOR PRESIDENTE!


Editorial

A través de un reportero del Nuevo Gráfico, la otra francesa, Maude Versini, pidió a este semanario que se diera a conocer que la audiencia en la que se abordaría la custodia de sus tres hijos con el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, fue aplazada hasta el 4 de marzo por un “retraso en el proceso”. “Estoy convencida de que Montiel a través de su poder e influencias ha postergado la diligencia en tres ocasiones para ganar tiempo, esto es una vergüenza”.

Así mismo, señalo que su abogada fue la que se presento a los juzgados federales en Toluca, debido a que ella se encuentra en Francia librando una batalla mediática que el ex gobernador del Estado de México ha emprendido en su contra. “He utilizado las redes sociales como un medio para defenderme ante tanta arbitrariedad por parte de la Justicia”. Explico también que ya había obtenido la custodia de sus 3 hijos, pero cuando pasaron las vacaciones de diciembre de 2011 en México, fue cuando el señor Montiel los retuvo argumentando que sufrían maltrato por parte de la madre.

“Fue a través de trampas judiciales como Arturo Montiel ha retenido durante más de 13 meses a mis tres hijos menores de edad, tal vez por su poder o influencias, ya que es un político intocable por ser tío del  actual presidente, y ante esta situación, pido a Enrique Peña Nieto Justicia”.

Así mismo, la Francesa Versini, ha señalado que estos meses han sido de angustia, pero a la vez de esperanza, ya que espera que se continúe con el proceso el próximo 4 de marzo y que no cambien la fecha de la audiencia nuevamente, porque sería escandalosa la forma como el Poder Judicial actúa en México, sin independencia y sin autonomía, se evidenciaría que la política se encuentra por encima de la justicia.

Es trascendente la lucha que enfrenta Versini en contra de la corrupción de las instituciones mexicanas, la francesa ha sido una mujer valiente al encarar a un hombre tan poderoso como Arturo Montiel, pero quizás lo que resalta con esta polémica es el grado de corrupción de los poderes judiciales de las entidades federativas de México, ya que una persona común y corriente esta destinada a fracasar cuando se enfrenta a un político en un juicio.