LA POLÍTICA POR ENCIMA DE LAS INSTITUCIONES


Por Julio Gálvez Bautista
Twitter: @juliogalvezb

No solo es triste, sino preocupante la forma en la que han actuado nuestras instituciones públicas en los últimos meses, nuestros gobernantes, bajo la sombra de la legalidad han logrado retener el poder a costa de su degradación. Es una pena en lo que se han convertido nuestros organismos encargados del control democrático, de haber alcanzado un grado importante de autonomía con las reformas constitucionales de 1994, pasaron a convertirse en instrumentos de simulación política.

México, se encuentra atrapado por una red de corrupción que inhibe un ambiente equitativo de competencia en todos los sectores de la sociedad. Las instituciones en lugar de actuar conforme a lo establecido por la Constitución, son operadas por gobernantes corruptos que solo buscan salvaguardar los intereses económicos de nuestra clase política. En nuestro país todo esta diseñado para perpetuar en el poder a los mismos políticos siempre.

Hoy en día, las instituciones mexicanas gozan de una calidad moral que en algunos casos está muy por debajo de lo que tienen que soportar ciertos países africanos. En México las instituciones simplemente no garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, tienen que pagar facturas políticas con la finalidad de evitar un estallido social en contra de los detentadores del poder.

Con el cambio democrático que vivimos los mexicanos en el año 2000, el poder que recaía en la figura presidencial se fragmento y el factor democrático se hizo presente en la vida institucional. Hoy en día, con el regreso del PRI, estamos muy alejados de contar con un Estado democrático constitucional de derecho, ya que como en la edad media, aunque nuestra Constitución diga lo contrario, en realidad carecemos de una separación de poderes, el Presidente funge como legislador y juzgador al mismo tiempo.

En efecto, el caso Monex, el caso Moreira, las detenciones ilegales ocurridas el 1 de diciembre durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, evidencian que en México, la política se encuentra por encima de la justicia, ya que a pesar de que dentro de los procesos judiciales existan pruebas contundentes, los órganos encargados de administrarla prefieren analizar las formas en lugar del fondo de los asuntos. En pocas palabras, las instituciones en nuestro país solo sirven para servirle a los políticos.

Las irregularidades del IFE dentro del caso Monex, al absolver al PRI de cualquier responsabilidad respecto a los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, evidencian que las instituciones mexicanas se encuentran en estado crítico y estas pueden ser ventiladas ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Es inaceptable que como ciudadanos sigamos permitiendo que nuestros entes públicos  solo esten diseñados para simular legalidad, debemos darnos cuenta que inconscientemente le estamos heredando a las próximas generaciones un país que solo sale adelante por medio de trampas; un país en donde la corrupción se ha convertido en un forma de vida.

La democracia no contempla solamente el derecho a votar y a ser votado, sino que también la forma como debe limitarse el poder, los ciudadanos tenemos derecho a que exista dentro del Estado una separación real de los poderes públicos y fácticos. Si las instituciones encargadas del control democrático, no funcionan correctamente, entonces nos encontramos ante de un estado autoritario estructurado de forma similar a los estados medievales monárquicos. Nada más para que se pueda valorar lo grave de la situación, el artículo 16 de la “declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, establece que “toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni garantizada la separación de poderes, carece de constitución”.

Por Julio Alejandro Gálvez Bautista, Especialista en Derecho Civil, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho a la Información y Reforma Gubernamental.