Por Michel Ardan.
Uno de los grandes problemas en México es que muchos de sus políticos brincan continuamente del sector empresarial al político. Lo anterior resulta en que muchos de ellos defienden los intereses de los sectores de los distintos mercados al interior de la política y no necesariamente a la ciudadanía.
Hace unas semanas la sociedad civil en México se sintió sorprendida y traicionada por una súbita Ley General de Aguas que no correspondía con el documento que habían estado elaborando de la mano de los diputados por meses. De pronto apareció una propuesta de ley elaborada por la Conagua y votada en comisiones aceleradamente por los diputados (una ley, por cierto, privatizadora).
Los intereses detrás de la privatización del agua, además de algunos casos como el fracking, son un tanto obvios si se investiga un poco al tema. La prestigiada organización Fresh Water Action (que estuvo involucrada en el reconocimiento del agua como derecho humano en la ONU), ha estado señalando cómo el Ex Director de Conagua, David Korenfeld, fue presidente de Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS); esto quiere decir que él forma parte y representa los intereses de las empresas dedicadas a la distribución y venta de agua.
“El modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.” “Este modelo está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.”
“La van a vender (el agua) al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó Nathalie Seguin de FAN, para el sitio Sinembargo.
La especialista apuntó a que el clásico argumento para privatizar el agua queda corto: la falta de eficiencia y recursos, pues la privatización no ha significado un mejoramiento en los servicios en otros países. Asimismo, en México las privatizaciones emprendidas desde los 80 no han significado mejores servicios y los niveles de pobreza se mantienen.
Una vez más las acciones del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, representan un claro atentando en contra de los derechos humanos de los mexicanos, ante los ojos del mundo somos un país gobernador por barbaros.
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