Dicen que entre gitanos no se leen las manos.
Por Jorge Montejo.
El Congreso del Estado de Hidalgo, le tomó protesta a Cesar Ricardo González Baños, como primer Fiscal Anticorrupción de la historia del Estado. Algo que pudo haber sido un acto de reconciliación con la ciudadanía en cuanto al combate a la corrupción se refiere, se convirtió en más de lo mismo, un acto de simulación.
Lo anterior, en virtud de que el nuevo fiscal anticorrupción ha sido y será un empleado más de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que es de las instituciones con mayor desprestigio dentro del gobierno de Omar Fayad, por la poca efectividad que ha tenido.
En efecto, en lugar de darle legitimidad al sistema estatal anticorrupción con la participación de ciudadanos que no estuvieran vinculados con el gobierno, el Congreso del Estado de Hidalgo, prefirió rechazar a la ciudadanía dentro del proceso de selección para proteger a la clase política con el ungimiento de un fiscal carnal.
Ahora, gracias a la falta de capacidad del Congreso para instrumentar el proceso de selección "desde el aspecto político", el sistema estatal anticorrupción no tendrá credibilidad y se convertirá en una simulación más que esta evidenciando la falta tacto de la Junta de Coordinación Política para generar acuerdos y condiciones de estabilidad política y social.
A pesar de tener herramientas ciudadanas dentro del nuevo sistema estatal anticorrupción para limpiar un poco el "ambiente corrupto que vivimos", optaron por la oscuridad, ya que el nuevo fiscal ¿como investigará a los propios miembros de la Procuraduría por actos de corrupción? por eso dicen que entre gitanos no se leen las manos...
Por su parte, no está en duda que Ricardo González Baños, sea una buena persona, que tenga capacidad; sin embargo, ya se verá si tiene la calidad ética para investigar a los políticos o a los propios miembros del gobierno cuando aparezcan casas blancas o desaparezcan millones del presupuesto como sucedió en la administración de Olvera.
Lo favorable de la situación, es que la ciudadanía no necesita del gobierno para combatir la corrupción o por lo menos para evidenciarla, ya que por esto último la administración de Enrique Peña Nieto y el PRI gozan de una desaprobación social tan elevada, y posiblemente les cueste la elección presidencial de 2018, toda vez que no han podido reconciliarse con la ciudadanía, y para ganar esa importante contienda necesitarán soltar, de lo contrario se hundirán en su propia simulación y contradicciones.
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