La sumisión, la sed de reflectores y la enfermedad de poder muchas veces puede hacer que el ser humano realice cosas sin verdaderamente pensar las consecuencias, lo anterior viene al caso porque los diputados del PRI y PAN, aprobaron la nueva Ley de Seguridad Interior para que el ejercito y la marina realicen labores de seguridad pública en el país.
Ante esta situación debemos recordar que durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
Ante esta situación debemos recordar que durante los últimos años en México se ha incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas.
En este sentido no debemos olvidar que el gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón, decidió militarizar diversas regiones del país, generando con esto un clima de caos y temor que predomina en todo México, ya que el combate frontal a la delincuencia organizada, ha provocado un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, para combatir la descomposición social e institucional que se vive, el Presidente Enrique Peña Nieto, impulsó un paquete de reformas en materia de seguridad con el objeto de revertir la crisis por la que atraviesa el país, militarizando los cuerpos policiacos e integrando a miles de soldados y marinos a la Gendarmería Nacional para sustituir a la Policía Federal en el combate al crimen organizado, pero es importante mencionar, que este modelo en el que militares asumieron labores policiacas ya ha fracasado en el pasado, es un cuento autoritario de dictaduras como las de Francisco Franco en España, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú.
En México, desde 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo, decidió transferir soldados del ejército para formar la Policía Federal, Vicente Fox y Felipe Calderón, siguieron el ejemplo con el mismo resultado negativo, se incrementaron los índices de criminalidad, aumento la violencia, se dispararon los niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano.
En pocas palabras, la militarización del país es un remake de otros libretos del pasado, nada original, nada nuevo, nada que vaya a funcionar, pero eso si, con nuevos y más atractivos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado como sucedió en Ayotzinapa.
Por lo anterior, la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia por medio del ejercito resultará ineficaz, cuando existen miembros de las Fuerzas Armadas y políticos que forman parte de las estructuras criminales, la creación de una nueva policía de mando único con las mismas bases putrefactas será insuficiente, se trata de una propuesta superficial que arrastrará al gobierno de Peña Nieto a un abismo sin fondo.
México, es un país donde la impunidad se ha convertido en una forma de gobierno, mientras los involucrados en la corrupción de alto nivel no sean controlados mediante mecanismos ciudadanos, el país continuará igual o peor a pesar de que nuestros políticos propongan millones de estrategias de seguridad.
Peña Nieto, debe blindar el sistema de seguridad, capacitar a su policía, combatir la impunidad y fortalecer el sistema de administración de justicia antes de cualquier intento por militarizar a México, ya que esta última estrategia será un grave error del gobierno debido a que en cada región del país se presentan fenómenos sociales distintos y no pueden atacarse de la misma forma. Por ejemplo, tanto en Ayotzinapa como en Noxchitlan, el ejercito intervino en los conflictos actuando de la misma forma represora que caracteriza al actual gobierno, generando con sus acciones un conflicto social severo para los mexicanos.
Conforme a lo anterior, podemos concluir que la militarización de México es una estrategia superficial para solucionar los problemas de seguridad por los que a traviesa el país, un policía de la frontera requiere de distinta capacitación que un policía que combate la delincuencia en la sierra hidalguense, por lo que una política pública encaminada a la unidad de los cuerpos policiacos y a la militarización es una salida fácil que generará ingobernabilidad.
En este sentido, ante el evidente fracaso del gobierno para restaurar la paz social, surge la necesidad de que exista un cambio de rumbo en materia de seguridad, el proyecto de la gendarmería nacional simplemente no funcionó y a falta de policía seria, más bien de políticos capacitados en el tema, la inseguridad continuará creciendo en todo el territorio nacional de forma descontrolada de la mano de las violaciones a derechos humanos que han hundido al actual gobierno.
México, está en crisis no por sus instituciones, no por sus leyes, no por sus policías, no por su pueblo; sino por sus políticos corruptos, los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción y la delincuencia son un intento de curar un cáncer con una aspirina.
No hace falta tanta fuerza para amarrar a un gallo.
Julio Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y Director General del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).
No hace falta tanta fuerza para amarrar a un gallo.
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Julio Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales. Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y Director General del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).
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