Aunque ahora los abogados de oficio tienen un mejor salario, en comparación con años anteriores, aún así persisten en prácticas de corrupción al pedir compensaciones extra a los usuarios para obtener un mejor servicio.
Según la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asegura que los procesados denuncian a los defensores públicos por esta práctica cuando ya están encarcelados.
“Les piden dinero para sacarlo o que pase el proceso de tal manera”.
El artículo 2 de la Ley Federal de la Defensoría Pública señala que "el servicio de defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de esta Ley", dice el texto.
Otra mala práctica muy recurrente de los defensores de oficio hacia los procesados está en el poco interés de los abogados por realizar una buena defensa y tener contacto directo con el cliente.
“Y es que la inmensa mayoría de los abogados de oficio no tiene contacto con su cliente, muchos no lo conocen, se los cambian y unos no saben quién es su defensor”, explicó Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Añadió que se ha hecho un esfuerzo para lograr que los litigantes tengan un buen salario.
“Los abogados de oficio antes tenían un salario muy bajo, pero ahora el nivel salarial es un poco mejor; sin embargo, tenemos igual o más grave la situación en la Defensoría, porque tenemos una gran cantidad de internos del cual, el 40 por ciento está en vinculación a proceso”.
En el país, del 80 por ciento de los casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor público.
Nuevo Gráfico adelantó que los Institutos de la Defensoría Pública en México están en una crisis interna de transparencia por la falta de buenos resultados.
Y que bajo el estigma de una imagen incompetente, la ciudadanía pareciera tener la percepción de que un defensor público es de poca o nula ayuda cuando se enfrenta un caso penal.
Incluso, organizaciones civiles consideran que asesorarse por un defensor público durante un caso penal es prácticamente una condena a pisar la cárcel.
NADA LOS RIGE.
El Instituto de la Defensoría Pública en la mayoría de los estados del país, opera sin fundamento, al no contar con la aprobación de los gobiernos estatales para la ejecución del reglamento de estos organismos, ya que en la mayoría de los casos, las sanciones son impuestas por los directores de cada instituto, sin que otras autoridades revisen su actuar.
Y sin este estatuto, los abogados trabajan sin un código de operación o sanción que los rige en abstenerse de pedir “moches” y mucho menos, existe mecanismo para regular a los directivos de estas instituciones.
“No hay nada que nos rija, porque la ley habla en términos muy generales, pero si tu vas a otra secretaría tiene su ley y reglamento, y eso es muy importante en términos administrativos.
Actualmente, estos organismos en la mayoría de los estados sólo cuentan con una ley orgánica, pero debería contar con el reglamento de esa Ley.
“Vivimos en un estado de Derecho, muchas de las cosas que hacemos de la operatividad de la Defensoría no vienen en la ley, está en el reglamento, pero estamos actuando sin soporte jurídico porque no hay reglamentos en los estados”, refiere la fuente.
Agregó que la falta del estatuto apunta a que los gobiernos estatales intenten quitarle la autonomía financiera a los Institutos de la Defensoría Pública.
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