20/09/21
El dinero destinado a estos rubros provino de la partida presupuestal 33701, clasificada como "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", la cual se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, entonces encabezado por el secretario de Gobernación Osorio Chong.
Asimismo, de acuerdo con documentación en poder de Nuevo Gráfico, el Ex Gobernador de Hidalgo, Osorio Chong, dejó una Secretaria de Gobernación completamente endeudada, al grado que los inversionistas institucionales más grandes del país tuvieron que ejercer la presión suficiente para que a partir de enero de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutara una reforma al presupuesto de egresos en la que implementó un “objeto clasificador del gasto” para prohibirle a dicha dependencia utilizar los recursos clasificados para servicios integrales, en materia de seguridad pública y nacional, en otros rubros o ‘jineteos’. Lo anterior debido a que en 2016 y 2017 no llegaban los pagos por parte de la Secretaría de Gobernación a los diversos Centros Federales de Readaptación Social en el país, los cuales se debían efectuar a través del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PYRS), que dependía directamente de Osorio Chong.
Con la denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que ciertos penales privados tuvieron nexos con Genaro García Luna, se desestima la legalidad de los contratos y se destaca el “alto” costo que representan para el Gobierno Federal, de cerca de $3,000 pesos diarios por reo, lo que representa hasta 7 veces más que las cárceles operadas por el Gobierno Federal.
Al respecto, el presidente López Obrador ha propuesto denunciar en materia civil dichos contratos en caso de que las empresas no pretendan llegar a un arreglo. Los 8 penales señalados son: uno en Sonora y otro en Guanajuato (de Exi Quantium S.A. de C.V.) uno en Chiapas y otro en Morelos (de Capital Inbursa), uno en Oaxaca (GIA), otro en Durango (DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria), otro en Michoacán (Concesionaria de infraestructura penitenciaria de Michoacán) y uno en Coahuila (Black Rock).
EMPRESAS FACTURERAS PARA SAQUEAR EL ERARIO PÚBLICO.
Derivado de la investigación anterior, un juez federal del Penal del Altiplano ordenó las aprehensiones de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de supuestos desvíos por casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.
Una investigación federal a la que tuvo acceso Nuevo Gráfico, señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la SEGOB mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.
Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
EMPRESAS FACTURERAS PARA SAQUEAR EL ERARIO PÚBLICO.
Derivado de la investigación anterior, un juez federal del Penal del Altiplano ordenó las aprehensiones de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de supuestos desvíos por casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.
Una investigación federal a la que tuvo acceso Nuevo Gráfico, señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la SEGOB mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.
Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
De esta forma el ex secretario de gobernación, Miguel Angel Osorio Chong operó desvíos millonarios desde la Secretaría de Gobernación, no nada más con Víctor Manuel Álvarez y su esposa Inés Gómez Mont, sino que se investigan a una decena de supuestos empresarios hidalguenses que se dedicaban al negocio de las facturas falsas.
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