Alonso Quijano
Luego del bloqueo del pasado miércoles, los abogados de las menores afectadas en el caso de presunto abuso infantil en Zimapán han sostenido reuniones con representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En estos encuentros, han solicitado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en la investigación. Además, han exigido la destitución y sanción del Secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna; del encargado del despacho de la Procuraduría estatal, Francisco Fernández Hasbun; y de los jueces locales Janet Montiel y Víctor Juárez González.
Según la tía de las menores Aylén Trejo, las reuniones con los funcionarios de la SEGOB se llevaron a cabo entre el miércoles y el pasado viernes. Durante estas conversaciones, se insistió en la necesidad de que la FGR tome el control del caso, ante lo que consideran un manejo irregular por la politización del caso por parte de las autoridades locales.
El procurador de Hidalgo argumentó el mismo miércoles que no puede emprender ninguna acción legal contra los señalados hasta que se resuelva el recurso de revisión interpuesto por Willy N contra el amparo concedido por la jueza Marlen Ángeles Tovar, titular del Juzgado Segundo del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa. Dicho amparo protegió a dos niñas tras la decisión de la jueza Janet Montiel de no vincular a proceso a los acusados.
Sin embargo, el abogado Julio Gálvez afirmó que la jueza federal no otorgó una suspensión del acto reclamado, lo que significa que la Procuraduría de Hidalgo sí puede continuar con las investigaciones y solicitar órdenes de aprehensión contra los demás involucrados. Además, destacó que las niñas denunciaron diversos hechos distintos, de los cuales la Procuraduría solo ha atendido dos.
Mediante un comunicado de prensa, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), cuyo titular es el abogado Julio Gálvez, informó que se logró un amparo a favor de las menores víctimas de violencia sexual en Hidalgo y que ha llevado el caso ante instancias internacionales. El CIS, que asumió la asesoría legal de manera pro bono, promovió el amparo tras detectar omisiones graves en la investigación y en la valoración de pruebas como el dictamen de la FGR, por parte de las autoridades locales, lo que resultó en la no vinculación a proceso de los acusados Willy N y Eva N. La sentencia del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región determinó que la resolución de no vinculación no cumplió con los estándares de debida diligencia, perspectiva de género y enfoque en derechos de la infancia, ordenando su revisión.
No obstante, los acusados interpusieron un recurso de revisión contra la concesión del amparo, mientras que las menores promovieron una revisión adhesiva para que la SCJN conozca del caso y analice las violaciones a sus derechos humanos.
Dado que las menores no han recibido protección efectiva ni atención especializada, el CIS solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. La solicitud se basa en la falta de medidas de protección y garantías mínimas de seguridad, bienestar para las menores, lo que hace inoperante la expectativa de agotar la vía interna, ya que sus derechos siguen siendo vulnerados por la omisión de las autoridades locales.
En el proceso judicial también se ha mencionado la posible implicación de la diputada local, cuyo nombre fue referido por las menores en dictámenes periciales de FGR. Ante esto, la Procuraduría de Hidalgo tiene la obligación de abrir nuevas líneas de investigación para esclarecer su responsabilidad y evitar el encubrimiento de delitos.
El CIS enfatizó que el amparo concedido no incluyó la suspensión del acto reclamado, lo que significa que la Procuraduría de Hidalgo puede continuar con la investigación y abordar hechos restantes denunciados por las víctimas. La falta de acción en este sentido constituiría una paralización de la justicia y una violación a los derechos de las menores a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Además, el CIS destacó que en el amparo se buscó que la declaración de las infantes fuera preponderante en la valoración de pruebas, ya que su edad impide que hayan sido influenciadas externamente en sus testimonios. Esto refuerza la veracidad de sus declaraciones y la obligación de las autoridades de analizar el caso con enfoque en la protección infantil, evitando una perspectiva adultocéntrica que revictimice a las menores.
Finalmente, el CIS desmintió categóricamente que existan intereses políticos en el caso. Señaló que el trabajo de los abogados y abogadas con base en la Constitución, las leyes mexicanas y los tratados internacionales de protección a la infancia y derechos humanos. Asimismo, llamó a evitar la politización del caso, ni señalar a personajes ajenos a los que obran en autos para desviar la atención de los verdaderos hechos, subrayando que su único objetivo es la búsqueda de justicia para las menores.
El CIS reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y aseguró que continuará impulsando acciones legales y de incidencia tanto a nivel nacional como internacional para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones Poder Judicial y garantizar la protección y reparación integral de las víctimas.
Luego del bloqueo del pasado miércoles, los abogados de las menores afectadas en el caso de presunto abuso infantil en Zimapán han sostenido reuniones con representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En estos encuentros, han solicitado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en la investigación. Además, han exigido la destitución y sanción del Secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna; del encargado del despacho de la Procuraduría estatal, Francisco Fernández Hasbun; y de los jueces locales Janet Montiel y Víctor Juárez González.
Según la tía de las menores Aylén Trejo, las reuniones con los funcionarios de la SEGOB se llevaron a cabo entre el miércoles y el pasado viernes. Durante estas conversaciones, se insistió en la necesidad de que la FGR tome el control del caso, ante lo que consideran un manejo irregular por la politización del caso por parte de las autoridades locales.
El procurador de Hidalgo argumentó el mismo miércoles que no puede emprender ninguna acción legal contra los señalados hasta que se resuelva el recurso de revisión interpuesto por Willy N contra el amparo concedido por la jueza Marlen Ángeles Tovar, titular del Juzgado Segundo del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa. Dicho amparo protegió a dos niñas tras la decisión de la jueza Janet Montiel de no vincular a proceso a los acusados.
Sin embargo, el abogado Julio Gálvez afirmó que la jueza federal no otorgó una suspensión del acto reclamado, lo que significa que la Procuraduría de Hidalgo sí puede continuar con las investigaciones y solicitar órdenes de aprehensión contra los demás involucrados. Además, destacó que las niñas denunciaron diversos hechos distintos, de los cuales la Procuraduría solo ha atendido dos.
Mediante un comunicado de prensa, el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), cuyo titular es el abogado Julio Gálvez, informó que se logró un amparo a favor de las menores víctimas de violencia sexual en Hidalgo y que ha llevado el caso ante instancias internacionales. El CIS, que asumió la asesoría legal de manera pro bono, promovió el amparo tras detectar omisiones graves en la investigación y en la valoración de pruebas como el dictamen de la FGR, por parte de las autoridades locales, lo que resultó en la no vinculación a proceso de los acusados Willy N y Eva N. La sentencia del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región determinó que la resolución de no vinculación no cumplió con los estándares de debida diligencia, perspectiva de género y enfoque en derechos de la infancia, ordenando su revisión.
No obstante, los acusados interpusieron un recurso de revisión contra la concesión del amparo, mientras que las menores promovieron una revisión adhesiva para que la SCJN conozca del caso y analice las violaciones a sus derechos humanos.
Dado que las menores no han recibido protección efectiva ni atención especializada, el CIS solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. La solicitud se basa en la falta de medidas de protección y garantías mínimas de seguridad, bienestar para las menores, lo que hace inoperante la expectativa de agotar la vía interna, ya que sus derechos siguen siendo vulnerados por la omisión de las autoridades locales.
En el proceso judicial también se ha mencionado la posible implicación de la diputada local, cuyo nombre fue referido por las menores en dictámenes periciales de FGR. Ante esto, la Procuraduría de Hidalgo tiene la obligación de abrir nuevas líneas de investigación para esclarecer su responsabilidad y evitar el encubrimiento de delitos.
El CIS enfatizó que el amparo concedido no incluyó la suspensión del acto reclamado, lo que significa que la Procuraduría de Hidalgo puede continuar con la investigación y abordar hechos restantes denunciados por las víctimas. La falta de acción en este sentido constituiría una paralización de la justicia y una violación a los derechos de las menores a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Además, el CIS destacó que en el amparo se buscó que la declaración de las infantes fuera preponderante en la valoración de pruebas, ya que su edad impide que hayan sido influenciadas externamente en sus testimonios. Esto refuerza la veracidad de sus declaraciones y la obligación de las autoridades de analizar el caso con enfoque en la protección infantil, evitando una perspectiva adultocéntrica que revictimice a las menores.
Finalmente, el CIS desmintió categóricamente que existan intereses políticos en el caso. Señaló que el trabajo de los abogados y abogadas con base en la Constitución, las leyes mexicanas y los tratados internacionales de protección a la infancia y derechos humanos. Asimismo, llamó a evitar la politización del caso, ni señalar a personajes ajenos a los que obran en autos para desviar la atención de los verdaderos hechos, subrayando que su único objetivo es la búsqueda de justicia para las menores.
El CIS reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y aseguró que continuará impulsando acciones legales y de incidencia tanto a nivel nacional como internacional para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones Poder Judicial y garantizar la protección y reparación integral de las víctimas.
