Ricardo Montoya
De acuerdo a lo que circula en redes sociales, Guillermo Olivares secretario de gobierno de Hidalgo pretende presionar a los dos jóvenes Mauricio y Jonathan a que graben un video en el que reconozcan agresiones a policías estatales el 8 M.
Esto luego de que los golpearon ,raparon y los dejaron incomunicado
durante varios días y bajo la falsa promesa de liberarnos.
No obstante, ante la falta de pruebas en contra de los muchachos para poder condenarlos, con engaños ahora pretenden obtener una prueba para condenarlos.
En el caso de Mauricio Hernández García, uno de los jóvenes detenidos el pasado 8 de marzo acusado de aventar vallas y rociar con gasolina a policías, refleja preocupantes indicios de manipulación institucional y vulneración de derechos humanos. El involucramiento de su hermana, Michelle Hernández García, añade una dimensión particularmente alarmante.
Michelle Hernández García se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, bajo la dirección de la Maestra Gloria Isabel Vite Cruz. Este vínculo laboral con el gobierno podría ser un factor determinante para entender por qué la madre de Mauricio ha rechazado el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos como SEIINAC (Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C., dirigida por Rafael Castelán en Hidalgo) y no ha presentado ninguna queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni cuestionado el proceso judicial contra su hijo. La aparente coacción a la familia para que guarde silencio pone en cuestión el respeto a sus derechos fundamentales.
Existen informes preocupantes de que Guillermo Olivares Reyna, Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, habría solicitado a los abogados de los jóvenes que graben un video aceptando culpabilidad, supuestamente como una estrategia para limpiar la imagen del gobierno. Este tipo de prácticas, de comprobarse, constituirían una violación flagrante a los derechos humanos, particularmente al derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la protección contra coacción indebida.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de garantizar que las autoridades actúen con transparencia, imparcialidad y respeto irrestricto a los derechos humanos. La utilización de amenazas, presiones y coacción hacia la familia de Mauricio Hernández García no solo es inaceptable, sino que constituye una forma de violencia institucional que debe ser investigada y condenada por las autoridades competentes, para que no puedan ampararse contra el gobierno.
Es fundamental que organismos independientes, tanto nacionales como internacionales, supervisen este caso para asegurar que se respeten plenamente los derechos de los jóvenes y sus familias. La ciudadanía debe exigir justicia auténtica y transparente. ¿Cuántas más familias deberán enfrentar esta situación antes de que se garantice un trato justo y digno?
