Julio Gálvez
Lo que en apariencia busca garantizar derechos para los periodistas en Hidalgo, en realidad se perfila como una ley mordaza disfrazada. La iniciativa titulada “Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico de Hidalgo”, impulsada por la diputada local Tania Meza, aparenta ser un instrumento protector, pero su génesis cerrada y selectiva delata el verdadero fin: controlar el discurso crítico bajo una fachada democrática.
La presentación pública de esta iniciativa, convocada por la Comisión de Desarrollo Social y Humano del Congreso estatal, excluyó deliberadamente a periodistas independientes, críticos y digitales, incluido este medio de comunicación, limitando la asistencia únicamente a medios alineados al gobierno y periodistas afines, y algunos llamados “chayoteros”. La presencia del director de comunicación social del gobierno estatal, Jorge Martínez, excolaborador del periódico El Universal —medio notoriamente crítico a AMLO y vinculado en Hidalgo al empresario Juan Carlos Martínez— añade desconfianza sobre la neutralidad y autenticidad democrática del proyecto.
La actitud del Congreso estatal al excluir a periodistas independientes y comunicadores que humildemente desde sus propias páginas web y redes sociales informan eficazmente a la población, es un claro acto de discriminación. Ignorar deliberadamente a quienes ejercen el periodismo sin los grandes recursos de los medios institucionales implica negarles voz y representación, atentando contra la igualdad y pluralidad democrática que tanto pregonan.
Giovanni Sartori, en su libro “Opinión Pública y Democracia”, explica que la libertad de expresión es parte fundamental del constitucionalismo liberal desde el siglo XVIII, siendo esencial para la consolidación de una democracia real. La libertad de expresión permite a los ciudadanos crear una opinión pública genuina, elemento indispensable para una verdadera democracia. Por lo contrario, cualquier intento del Estado por controlar esta libertad deriva en autoritarismo.
Asimismo, Jürgen Habermas, en su obra “Historia y crítica de la opinión pública”, sostiene que la opinión pública es todo juicio de valor realizado libremente por una persona sobre un hecho o conducta llevado al espacio público para su debate abierto. Esto significa que la opinión pública, a diferencia de la información periodística pura, está intrínsecamente vinculada al factor democrático, pues garantiza que la pluralidad y la crítica abierta permanezcan activas dentro de la sociedad.
La doctrina internacional y las sentencias emitidas por organismos protectores de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que la libertad de opinión debe distinguirse claramente de las expresiones noticiosas o fácticas. Estas últimas se rigen por los derechos a la libertad de informar y de prensa. La opinión pública, en cambio, se orienta a la discusión abierta y plural que fortalece al Estado democrático contra una sola narrativa oficial guiada por un boletín y sometida al dinero público.
La iniciativa hidalguense carece de esta distinción y, al imponer mecanismos de control y registro obligatorio, se convierte en una peligrosa herramienta autoritaria disfrazada de protección. Si los próximos foros regionales anunciados por la diputada Meza no abren espacios auténticos para periodistas independientes y críticos, solo servirán para institucionalizar un control mediático que vulnerará gravemente el derecho humano fundamental de libertad de expresión y opinión pública.
El verdadero periodismo no necesita permiso oficial. Necesita respeto y garantías reales para ejercer crítica y libremente su función social.
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Posdata: Parece que nuestros diputados aún no entienden bien cómo funciona esto; no importa, aquí seguiremos esperando pacientemente a que cometan todos los errores posibles para estrenar la demanda de inconstitucionalidad. Total, tiempo es lo que sobra cuando la ignorancia legislativa se pone tan creativa.
