Alonso Quijano
La violencia política vuelve a teñir de sangre el proceso electoral mexicano. La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Pilcaya, Maricela Morales Ortiz, fue asesinada la noche del domingo en una presunta emboscada sobre la carretera federal Taxco – Ixtapan de la Sal, a la altura de la región Norte de Guerrero, en los límites con el Estado de México.
Según informes preliminares de fuentes de seguridad de la zona, el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas —incluida la exaspirante— y una persona más gravemente herida. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las identidades de las otras víctimas ni sobre las causas del ataque, aunque se presume que fue una agresión directa y premeditada.
Morales Ortiz había participado recientemente en el proceso interno de Morena para contender por la alcaldía de Pilcaya, una región estratégica donde la disputa política ha coincidido históricamente con focos de inseguridad y presencia del crimen organizado. La zona ha sido señalada en múltiples ocasiones como un corredor de trasiego y violencia.
El asesinato ocurre en un contexto de creciente preocupación por los niveles de inseguridad que enfrentan las y los candidatos en este proceso electoral. A lo largo del país se han registrado decenas de agresiones, amenazas y asesinatos contra actores políticos, particularmente en zonas donde confluyen intereses criminales y políticos.
Hasta ahora, ni las autoridades estatales ni el gobierno federal han emitido una postura oficial sobre el crimen. Tampoco se ha anunciado el inicio de una carpeta de investigación específica ni la implementación de medidas urgentes de seguridad en la región.
La impunidad y la falta de garantías para la participació. No c política siguen siendo una constante en el país, mientras la violencia continúa cobrando vidas en medio del silencio institucional y la descomposición del tejido democrático.
