Alonso Quijano
En el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la elección popular de jueces, magistrados y ministros promete convertirse en un parteaguas para fortalecer la democracia en México. Por primera vez, quienes impartan justicia deberán someterse a una doble responsabilidad: rendir cuentas al pueblo que los eligió y enfrentar procedimientos disciplinarios en caso de faltar a su deber, a través de los nuevos tribunales de disciplina.
Durante una sesión organizada por el Círculo de Reflexión y Estudio Pedro María Anaya, dirigido por Ramón Hernández de la Secretaría de Formación Política de Morena, se contó con la participación del destacado litigante en amparo, el Dr. Julio Gálvez, quien ofreció una profunda reflexión sobre este tema crucial para el futuro del país.
El Dr. Gálvez subrayó que México, impulsado por fenómenos como el nearshoring y los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila como una potencia económica emergente. Sin embargo, advirtió que la corrupción judicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para consolidar este desarrollo. De acuerdo con el World Justice Project, México ocupa los últimos lugares a nivel mundial en calidad de justicia, una situación que desalienta la inversión extranjera y frena el crecimiento interno.
La corrupción y el abandono de los valores judiciales han mermado gravemente la carrera judicial. Recordando al ministro y poeta Arturo Serrano Robles, el Dr. Gálvez evocó tiempos en los que los secretarios judiciales eran profesionales experimentados que, con años de servicio, ascendían en la estructura judicial respetando los valores de la honestidad, la imparcialidad y el servicio al público. Contrario a ello, señaló cómo en años recientes se priorizó el acceso de jóvenes egresados de universidades de élite, impulsados durante gobiernos como el de Felipe Calderón, sacrificando experiencia y valores en favor de intereses ajenos a la impartición de justicia.
Serrano Robles, fundador del Instituto de Especialización Judicial, estableció un modelo de formación que debería recuperarse: preparar a los servidores públicos judiciales desde sus primeros cargos, inculcándoles los valores esenciales de la función jurisdiccional. En este sentido, el Dr. Gálvez recomendó que, tras esta primera elección democrática de juzgadores, se instituya una nueva Escuela de Especialización Judicial que garantice la formación ética y profesional de las nuevas generaciones.
Actualmente, se vive también un momento de preocupación: han surgido acusaciones de que abogados vinculados al narcotráfico participan como aspirantes en la elección judicial. Esta situación ha generado críticas, pero es importante señalar que en toda convocatoria democrática debe abrirse el proceso a toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos legales establecidos. Sin embargo, es igualmente crucial reconocer que este tipo de errores deben ir corrigiéndose a medida que avance el nuevo sistema. En futuras elecciones, deberán implementarse filtros más estrictos desde el inicio, incluyendo la aplicación de exámenes rigurosos antes de que los aspirantes puedan siquiera ser considerados candidatos formales.
En este orden de ideas, la creación de una Escuela de Especialización Judicial no solo fortalecerá la preparación ética y técnica de los servidores públicos, sino que, tras la llegada de esta primera generación de jueces, magistrados y ministros electos, será responsabilidad de ellos mismos organizar y consolidar esta institución dentro del Poder Judicial, garantizando que la formación de su personal se base en principios de honorabilidad, vocación de servicio y excelencia profesional.
Durante su intervención, Gálvez analizó también los distintos modelos de elección judicial en el mundo. Si bien destacó que países como Estados Unidos y Suiza han implementado esquemas híbridos exitosos, advirtió sobre los riesgos de la experiencia boliviana, donde la elección directa de jueces ha debilitado la independencia judicial al politizar excesivamente los nombramientos.
En este orden de ideas, argumentó que la elección popular de jueces, si se implementa con responsabilidad, podría fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, brindándole al pueblo una voz directa en la selección de quienes administran justicia. No obstante, se reconoce que será indispensable crear mecanismos que aseguren que los elegidos sean profesionales íntegros y capacitados, evitando que intereses políticos o criminales contaminen la independencia judicial.
Al concluir su participación, el Dr. Julio Gálvez expresó su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociendo su papel en la realización de profundas transformaciones en la vida pública del país.
Cuando fue cuestionado sobre el reciente amparo obtenido por dos niñas de Zimapán, el abogado explicó que el caso no debe politizarse y que en este tipo de delitos —relacionados con agresiones sexuales—, las declaraciones de las menores tienen un valor preponderante. Resaltó que tanto la jurisprudencia nacional como los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen la obligación de otorgar credibilidad a los testimonios de las niñas víctimas de violencia.
Finalmente, el Dr. Gálvez hizo un llamado a que Morena adopte un sistema de enseñanza del derecho que se alinee con los principios del iusnaturalismo, recordando al maestro Pedro Domínguez, naturalista y fundador del movimiento de izquierda en Hidalgo. Explicó que el derecho no debe agotarse en las leyes emitidas por los congresos, sino reconocer también los principios superiores que fundamentan los derechos humanos universales, que son la esencia misma de la justicia.
Respecto a los obstáculos que se presentaron para la celebración de su conferencia —tras alegarse que no había luz en las instalaciones de Morena hace 3 semanas—, el Dr. Gálvez cerró su participación citando una enseñanza del presidente López Obrador: “las luchas se ganan en las calles, no en los edificios u oficinas públicas”, recordando además que dichos inmuebles son pagados con los impuestos del pueblo y deben estar siempre al servicio de las causas populares.
En conclusión, México necesita una reforma judicial que, además de abrir las puertas a la participación ciudadana en la elección de sus juzgadores, rescate los valores éticos fundamentales, fortalezca la carrera judicial y asegure que el nuevo sistema no solo sea democrático, sino también justo y profesional. Solo así podrá el país consolidar su desarrollo económico y fortalecer su democracia.
