Julio Gálvez
Por primera vez en la historia de México, la elección de jueces y magistrados se realizará mediante voto popular, un cambio promovido por la Cuarta Transformación con la intención de democratizar la justicia. Sin embargo, este proceso enfrenta críticas importantes por la posibilidad real de politización del Poder Judicial, especialmente en el estado de Hidalgo, donde diversos abogados constitucionalistas y litigantes han expresado su preocupación por la influencia del Ejecutivo estatal en la designación de los candidatos que salieron por tómbola en las listas organizadas por Zaldívar.
Como abogado constitucionalista y litigante en materia de amparo por 17 años, el suscriptor de este artículo decidió no participar en el proceso debido a que, desde el inicio, observó con claridad cómo gran parte de los aspirantes mantenían una relación cercana al poder político local y al partido dominante, Morena. Esto ha creado una situación preocupante, en donde quienes deberían actuar con independencia judicial parecen estar más enfocados en quedar bien con las autoridades políticas que en demostrar auténtica capacidad profesional y autonomía.
Esta dinámica pone en riesgo el Estado de Derecho y la esencia misma del juicio de amparo, herramienta fundamental para la defensa de derechos humanos y constitucionales. El amparo es esencialmente un mecanismo ciudadano por antonomasia para enfrentar los abusos de poder y proteger los derechos humanos. Sin embargo, la elección popular, al convertirse en un espectáculo de campañas políticas, ha comenzado a erosionar los valores judiciales y la imagen de seriedad y profesionalismo que debe distinguir a los juzgadores.
En Hidalgo, observamos con preocupación que la mayoría de los perfiles inscritos para participar como jueces y magistrados provienen del ámbito penal. Hay también algunos cuantos laboralistas, civilistas y administrativistas, pero muy pocos tienen experiencia real o especialización en amparo y derecho constitucional. Esta falta de formación específica es alarmante, ya que para impartir justicia en esta materia no basta con títulos o cátedras académicas: se requiere haber llevado, tramitado o resuelto un número significativo de juicios de amparo para poder comprender su complejidad y trascendencia.
El ejemplo es claro: si un paciente necesita una cirugía de corazón, acudiría a un cardiólogo, no a un pediatra. Así mismo, si un ciudadano acude al Poder Judicial Federal en busca de justicia constitucional, no puede ser atendido por un abogado sin formación ni experiencia en amparo. Esto genera una justicia deficiente, sin conocimiento profundo, sin empatía hacia los derechos vulnerados, y sin herramientas para limitar el poder del Estado por parte de los ciudadanos.
La situación en Hidalgo, históricamente señalada por tener uno de los sistemas judiciales menos eficientes del país debido a su constante politización, podría agravarse aún más. La cercanía y alineación de los candidatos con el poder ejecutivo implica el riesgo real de que, una vez electos, estos jueces y magistrados dicten sentencias bajo consignas políticas y no conforme a derecho. Esto generaría una justicia deficiente e injusta para quienes más necesitan protección.
En definitiva, la independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad urgente para garantizar que la justicia no se convierta en rehén de intereses políticos. La ciudadanía merece jueces independientes, preparados y comprometidos exclusivamente con la Constitución y los derechos humanos, no con quienes les otorgaron su cargo. Ante esta situación, es crucial estar alerta y exigir procesos de selección transparentes, meritocráticos y alejados de toda influencia política.
Lo anterior, porque el juicio de amparo, que es resuelto por el Poder Judicial de la Federación, a diferencia de otros procedimientos judiciales, lo que comúnmente se combate son actos de autoridad que implican violaciones a derechos humanos y a garantías constitucionales. Por esa razón, es indispensable que quien representa a los quejosos mantenga una postura íntegra e independiente frente a las estructuras gubernamentales, ya que su función consiste en cuestionar los excesos del Estado y proteger a quienes han sido vulnerados. Por ello, resulta inadmisible que una persona aspirante a magistratura tenga vínculos de cercanía con quienes ejercen el poder público, pues comprometería la imparcialidad que exige la justicia constitucional.
