Alonso Quijano
La reciente revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político mexicano. Entre las voces que han salido en defensa de la mandataria destaca la de Antonio Attolini, militante de Morena y figura prominente de la Cuarta Transformación (4T), quien atribuyó la medida a una represalia por su compromiso con el proyecto político encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es una gran gobernadora, ha profundizado en el proyecto de la 4T y eso tiene nerviosos y molestos a algunos nodos de poder en EE.UU.”, expresó Attolini a través de sus redes sociales, sugiriendo que la decisión del gobierno estadounidense responde a intereses políticos que buscan desestabilizar a los líderes afines a la 4T.
La gobernadora Ávila ha calificado la revocación de su visa como una “decisión administrativa” sin fundamentos legales, negando categóricamente tener cuentas bancarias en el extranjero o vínculos con actividades ilícitas. “No hay delito, no hay falta, no hay nada que perseguir”, afirmó en una conferencia de prensa reciente.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado a la gobernadora, exigiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación clara sobre los motivos de la revocación de las visas. “Estados Unidos debe informar al Gobierno de México”, declaró Sheinbaum, subrayando la importancia de la transparencia en las relaciones bilaterales.
La situación ha generado tensiones diplomáticas y ha puesto en el centro del debate la influencia de factores externos en la política interna de México. Mientras tanto, figuras como Attolini continúan defendiendo a los líderes de la 4T, interpretando estas acciones como intentos de socavar el avance del movimiento en el país.
