En Hidalgo, la justicia no solo falla. Se vuelve cómplice. Se pliega a los intereses de quienes tienen poder político, conexiones religiosas o apellidos protegidos. Pero lo más devastador es que falla exactamente donde más importa: cuando las víctimas son infancias. Es decir, cuando quienes denuncian abusos, violencia o negligencia institucional son niñas, niños o adolescentes sin redes de poder, sin apellidos protegidos, sin acceso a una justicia que —aunque debería— nunca ha sido diseñada para ellos.
En este caso hay una figura que rompe la narrativa del silencio y se enfrenta directamente al poder judicial: Jaqueline Trejo, tía materna de las niñas, quien denunció a su propio hermano y ha sostenido una batalla pública y legal contra dos figuras clave del sistema de justicia en Hidalgo: la jueza de control Janett Montiel Mendoza y el magistrado Víctor Juárez González. Lejos de recibir apoyo institucional, Jaqueline ha enfrentado amenazas, difamación y abandono. Su lucha no es solo por justicia para sus sobrinas, sino contra un aparato judicial que encubre, minimiza y perpetúa la violencia.
Las víctimas son sus sobrinas, de apenas cuatro y ocho años cuando denunciaron en 2022 haber sido violadas de forma sistemática por su tío, Willy N, un empresario, pastor evangélico y excoordinador de campaña del gobernador de Hidalgo. Las agresiones ocurrieron mientras su madre estaba hospitalizada. Las niñas fueron entregadas al cuidado de sus tíos y allí, según su testimonio, comenzó el horror. No solo Willy N: también su esposa Eva N, su hermana Ixtshell N, su cuñado Eduardo N, y su tía política, la diputada Alhely Medina Hernández, participaron en los abusos, según los testimonios grabados por peritos de la Fiscalía General de la República.
Se documentaron daños físicos, ginecológicos y psicológicos. Las niñas hablaron. Dijeron todo. Con detalle. Con precisión. Con la voz rota por el miedo, pero con el valor que muchos adultos jamás alcanzarán.
A pesar de ello, la jueza Janett Montiel Mendoza decidió en tres ocasiones consecutivas no vincular a proceso a Willy N y a Eva N. Montiel desestimó las pruebas, ignoró los peritajes oficiales y facilitó la fuga de los imputados, que hoy siguen prófugos. Y cuando estas decisiones llegaron al Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Víctor Juárez González ratificó las resoluciones de Montiel, avalando una narrativa de impunidad institucionalizada. Así opera la justicia en Hidalgo: no protege a las víctimas, protege al poder.
Frente a ese sistema, Jaqueline Trejo no eligió el silencio ni la complicidad. Eligió la verdad. Y en lugar de recibir apoyo, ha sido objeto de ataques profundamente misóginos. La han acusado de “usar a las niñas como botín político” o de “buscar una herencia”. Estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que reflejan la violencia estructural que enfrentan las mujeres que denuncian dentro de sus propias familias. Lo que ha hecho Jaqueline Trejo Leal —romper el silencio, enfrentar a su entorno y sostener la lucha en soledad— no es ambición: es valentía ética. Y quienes hoy la señalan, callaron cuando las niñas pedían ayuda.
Mientras tanto, los datos son abrumadores. El informe ¿Me escuchas? Hidalgo 2022 revela que el 44% de las niñas y adolescentes en el estado identifican la violencia y el maltrato como su principal preocupación, y más del 65% siente que no tiene con quién hablar cuando algo les pasa. En un estado donde la infancia teme y calla, las instituciones deberían actuar con urgencia. Pero no lo hacen. Se esconden en tecnicismos y procedimientos (Red por los Derechos de la Infancia en México [REDIM], 2022).
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, ha defendido las decisiones de su jueza bajo el argumento de que se “cumplieron los requisitos de ley”. Pero la ley que protege a un violador sobre los derechos de dos niñas no es justicia: es violencia estructural.
Este caso no es aislado. Es el espejo de un estado que prefiere no ver. Que encubre. Que omite. Que castiga más al escándalo público que al criminal.
Porque en Hidalgo, la justicia no existe para las infancias ni para quienes carecen de poder económico, político o institucional. El acceso a la verdad y la protección de los derechos más básicos depende del apellido, del cargo o de los contactos del agresor. Y esa estructura desigual, inoperante y corrupta no solo perpetúa la impunidad: la fabrica.
Yo también lo viví. No encontré justicia para el abuso que sufrió mi hijo cuando tenía casi 10 años. El recurso de amparo que interpusieron mis abogados fue desechado de manera irregular, y la queja contra ese desechamiento sigue sin resolverse. A pesar de todo, las amenazas por parte del agresor y de su familia continúan. Me vi obligada a abandonar México. No fue una decisión voluntaria, sino una medida desesperada para proteger a mi hijo y garantizar nuestra seguridad. Pero ni siquiera eso ha puesto fin a la persecución. Las estructuras judiciales inoperantes y corruptas de Hidalgo, lejos de brindarnos justicia, intentaron forzarlo a una “revinculación” con su agresor, promovida incluso desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces encabezada por la procuradora Laura Karina Ramírez Jiménez, y por su abogado coadyuvante, José Raúl Albarrán Segovia.
Por eso, reitero públicamente mi respaldo total a Jaqueline Trejo, a sus dos pequeñas sobrinas y a la madre de ellas. Estoy con ellas, hoy y siempre. Porque al exigir justicia para ellas, también defendemos la dignidad de todas las infancias silenciadas por el miedo y la impunidad.
