2 de julio de 2025
Con 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la controvertida Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, marcando el fin del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la instauración de un nuevo modelo de control estatal sobre el espectro digital. La sesión extraordinaria se celebró este martes en medio de protestas, simbolismos fúnebres y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
La nueva ley, que consta de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, establece la desaparición del IFT —hasta ahora organismo autónomo encargado de regular la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones— y lo reemplaza por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Merino. Esta agencia, aunque colegiada, no tendrá carácter autónomo, lo que ha encendido alarmas sobre la posible concentración de poder en el Ejecutivo federal.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 210, que sanciona con multas de entre 2% y 5% de los ingresos a concesionarios, programadores o plataformas digitales que difundan publicidad pagada por gobiernos extranjeros o con fines ideológicos y políticos. Detrás de este apartado se vislumbra una respuesta directa a la reciente transmisión de propaganda antiinmigrante del gobierno de Donald Trump en canales como Televisa, que habría cobrado millones por difundir spots protagonizados por la secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem.
Mientras tanto, el diputado morenista Ricardo Monreal negó categóricamente que la nueva ley implique censura o espionaje. “No hay ley censura, no hay ley espía. No hay un solo artículo que hable de eso”, dijo en conferencia de prensa. No obstante, defendió disposiciones como la geolocalización de presuntos delincuentes y la intervención de comunicaciones privadas —siempre, aseguró, con orden judicial—, además de la obligación de registrar chips de telefonía móvil con identificación oficial y datos biométricos.
“Lo que antes se vendía de manera indiscriminada, ahora se hará bajo un sistema de control. Si vamos a combatir la extorsión y el secuestro, debemos empezar por regular quién puede activar una línea telefónica en México”, argumentó Monreal, en respuesta a las críticas que acusan a la reforma de vulnerar derechos fundamentales.
En defensa del dictamen, legisladores afines a la Cuarta Transformación también afirmaron que esta nueva ley busca garantizar el acceso universal al internet y democratizar el uso del espectro radioeléctrico, incorporando derechos de inclusión digital para sectores históricamente marginados, como pueblos originarios, mujeres indígenas, niños y comunidades afromexicanas.
Sin embargo, la oposición no se quedó callada. En un acto simbólico, diputados del PRI, encabezados por Rubén Moreira, recorrieron el pleno cargando un ataúd negro con letras blancas: “Aquí yace la libertad”. En sus intervenciones, denunciaron que Morena busca controlar, espiar y silenciar a la ciudadanía desde el poder. “Hoy enterramos la democracia”, dijo Moreira entre aplausos de su bancada y abucheos del oficialismo.
Aunque Morena, el Partido Verde y el PT celebraron la aprobación como un triunfo de la modernización tecnológica y la soberanía digital, organizaciones civiles, analistas en libertad de expresión y defensores de derechos digitales han advertido que la desaparición del IFT y la creación de un ente sin autonomía abre la puerta a decisiones discrecionales sobre los medios, los contenidos digitales y el control de la información.
La ley pasará ahora al Ejecutivo para su publicación, en un escenario donde México se debate entre la promesa de una conectividad justa y los temores de una vigilancia silenciosa.
.jpg)
