María Gil
19 de julio de 2025
Han pasado más de dos meses desde el brutal asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hasta el momento, ni una sola persona ha sido detenida y la información oficial sobre el caso sigue siendo tan escasa como confusa. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, se limitó a decir en conferencia que la “complejidad” del caso requiere actos de investigación especializados y que el proceso será largo. Para quienes esperaban resultados inmediatos, la promesa de una investigación exhaustiva y “en sigilo” suena más a una justificación que a un verdadero compromiso con la justicia. La falta de avances y la opacidad con la que las autoridades están manejando el caso despiertan suspicacias: ¿realmente están investigando o solo esperan que el caso caiga en el olvido mediático?
El doble homicidio, ocurrido el 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan y calles de la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, puso al descubierto la vulnerabilidad no solo de los equipos de altos funcionarios de la 4T, sino también de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Mientras la fiscalía insiste en que la investigación avanza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales, el secretismo y la falta de información alimentan la percepción de que hay algo —o alguien— que las autoridades no quieren exponer. En lugar de resultados, el discurso oficial gira en torno a la “minuciosidad” y el “sigilo”. Cuando fue cuestionada sobre la posible existencia de retratos hablados de los autores materiales, la fiscal se limitó a pedir paciencia y a recalcar la importancia de mantener en secreto los detalles de la indagatoria.
La situación se volvió más turbia cuando surgieron versiones de que policías de la SSC habrían manipulado pruebas aseguradas en la escena del crimen. Aunque la fiscalía negó cualquier indicio de manipulación y la SSC aseguró que todo se realizó bajo la debida cadena de custodia, no se puede pasar por alto que la propia dependencia reconoció que hay una investigación interna por posibles conductas violatorias a la normatividad policial. Si en un caso de alto perfil hay retrasos y dudas sobre la integridad de las pruebas, ¿qué puede esperar el ciudadano común ante un crimen que no despierte la atención mediática?
El silencio oficial en torno al caso, lejos de transmitir seriedad o responsabilidad, parece una estrategia calculada para diluir la atención pública. Morena, partido que llegó al poder prometiendo combatir la impunidad y la corrupción, hoy parece más enfocado en que este crimen incómodo se olvide que en esclarecerlo. No es un secreto que en la Ciudad de México y otras entidades gobernadas por Morena ha crecido la influencia de la delincuencia organizada, mientras la frontera entre poder político y crimen parece cada vez más difusa. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno capitalino a proteger la imagen del partido, aunque eso signifique encubrir o retrasar investigaciones que afectan a sus propios colaboradores?
Por ahora, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue impune. El discurso institucional repite que no hay indicios de manipulación policiaca y que la investigación es “exhaustiva”, pero los hechos demuestran otra cosa: ni avances, ni detenidos, ni transparencia. La justicia, en pleno corazón de la 4T, sigue siendo una promesa incumplida y el silencio, un aliado del olvido.
Han pasado más de dos meses desde el brutal asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hasta el momento, ni una sola persona ha sido detenida y la información oficial sobre el caso sigue siendo tan escasa como confusa. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, se limitó a decir en conferencia que la “complejidad” del caso requiere actos de investigación especializados y que el proceso será largo. Para quienes esperaban resultados inmediatos, la promesa de una investigación exhaustiva y “en sigilo” suena más a una justificación que a un verdadero compromiso con la justicia. La falta de avances y la opacidad con la que las autoridades están manejando el caso despiertan suspicacias: ¿realmente están investigando o solo esperan que el caso caiga en el olvido mediático?
El doble homicidio, ocurrido el 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan y calles de la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, puso al descubierto la vulnerabilidad no solo de los equipos de altos funcionarios de la 4T, sino también de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Mientras la fiscalía insiste en que la investigación avanza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales, el secretismo y la falta de información alimentan la percepción de que hay algo —o alguien— que las autoridades no quieren exponer. En lugar de resultados, el discurso oficial gira en torno a la “minuciosidad” y el “sigilo”. Cuando fue cuestionada sobre la posible existencia de retratos hablados de los autores materiales, la fiscal se limitó a pedir paciencia y a recalcar la importancia de mantener en secreto los detalles de la indagatoria.
La situación se volvió más turbia cuando surgieron versiones de que policías de la SSC habrían manipulado pruebas aseguradas en la escena del crimen. Aunque la fiscalía negó cualquier indicio de manipulación y la SSC aseguró que todo se realizó bajo la debida cadena de custodia, no se puede pasar por alto que la propia dependencia reconoció que hay una investigación interna por posibles conductas violatorias a la normatividad policial. Si en un caso de alto perfil hay retrasos y dudas sobre la integridad de las pruebas, ¿qué puede esperar el ciudadano común ante un crimen que no despierte la atención mediática?
El silencio oficial en torno al caso, lejos de transmitir seriedad o responsabilidad, parece una estrategia calculada para diluir la atención pública. Morena, partido que llegó al poder prometiendo combatir la impunidad y la corrupción, hoy parece más enfocado en que este crimen incómodo se olvide que en esclarecerlo. No es un secreto que en la Ciudad de México y otras entidades gobernadas por Morena ha crecido la influencia de la delincuencia organizada, mientras la frontera entre poder político y crimen parece cada vez más difusa. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno capitalino a proteger la imagen del partido, aunque eso signifique encubrir o retrasar investigaciones que afectan a sus propios colaboradores?
Por ahora, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue impune. El discurso institucional repite que no hay indicios de manipulación policiaca y que la investigación es “exhaustiva”, pero los hechos demuestran otra cosa: ni avances, ni detenidos, ni transparencia. La justicia, en pleno corazón de la 4T, sigue siendo una promesa incumplida y el silencio, un aliado del olvido.
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