Morena gritó durante años que el PRIAN era represor y corrupto, pero nunca enjuició a nadie, lo tuvo que hacer Estados Unidos con García Luna. Hoy que están en el poder, persiguen periodistas, imponen censores judiciales y callan a los medios incómodos. ¿Quién es el autoritario y enfermo de poder ahora?
María Gil
31 de julio de 2025
El gobierno de Morena, que llegó al poder bajo la bandera de la libertad y el combate a la corrupción, ha comenzado a recorrer el camino inverso: reprimir, censurar y perseguir. En Campeche, tierra gobernada por la morenista Layda Sansores, el poder judicial ha sido instrumentalizado para amedrentar a los medios críticos y acallar voces incómodas. La reciente resolución del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, que exige a la editorial del diario Tribuna revelar la identidad del responsable de sus redes sociales para someterlo a la supervisión de un “censor judicial”, es una muestra clara del régimen autoritario que se está gestando.
El 28 de julio, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez dictó esta insólita medida como parte de una supuesta “verificación de publicaciones” que buscan blindar a la gobernadora Sansores de críticas previas a su cuarto informe de gobierno. En caso de incumplimiento, el medio enfrentará multas económicas. Esta orden, condenada por la comunidad periodística, ha sido calificada como un acto de censura previa, una práctica inaceptable en cualquier democracia, pero cada vez más común en los estados gobernados por Morena.
El caso no es aislado. El 15 de julio, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó medidas cautelares que impiden al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna publicar cualquier referencia sobre Sansores, imponiendo interventores judiciales que revisarán sus contenidos antes de ser difundidos. Una forma de mordaza legal que nos remite a los peores episodios del autoritarismo latinoamericano.
La denuncia original de la gobernadora –por incitación al odio, difamación y calumnias– parece más una represalia que una búsqueda legítima de justicia. Lo grave no son los cargos, sino el mecanismo adoptado para silenciar al periodismo. En lugar de recurrir a una vía civil y abierta, se está utilizando el sistema penal como garrote político, reeditando viejas prácticas priistas ahora bajo el disfraz de la “Cuarta Transformación”.
Este escenario revela la hipocresía estructural del lopezobradorismo. El movimiento que despotricó contra los medios alineados al poder, que se proclamó defensor de las libertades y que acusó a los gobiernos pasados de coartar la crítica, ahora busca controlar la narrativa a través de jueces funcionales y censores disfrazados de interventores judiciales. El caso de Tribuna marca un parteaguas: si se permite que esta forma de censura prospere, el precedente será devastador para la libertad de expresión en todo el país.
En un México que se autodenomina democrático, el acto de criticar a una gobernadora no debería llevar a un periodista a enfrentar un tribunal penal ni a un medio a entregar las llaves de su redacción a un censor estatal. La denuncia de Layda Sansores no solo busca castigar lo que se dijo, sino prevenir lo que podría decirse: el pensamiento crítico, la duda, el cuestionamiento. Esa es la esencia de toda dictadura.
Lo que está en juego no es únicamente la libertad de un periodista o de un medio local. Es el futuro del periodismo independiente en México. Es el derecho del ciudadano a estar informado, a recibir versiones distintas, a sospechar del poder. El autoritarismo no llega anunciando su nombre. Llega disfrazado de legalidad, se instala con resoluciones judiciales, y se normaliza cuando la sociedad calla. Hoy, Campeche es el laboratorio del control mediático. Mañana, puede ser todo el país.
