Alonso Quijano
1 de julio de 2025
En un movimiento que sacude el tablero político y judicial de ambos lados de la frontera, la Fiscalía de los Estados Unidos ha retirado oficialmente los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, presunto líder del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La decisión fue acompañada por la confirmación de que Guzmán se integrará formalmente al programa de testigos protegidos la próxima semana, lo que le otorga inmunidad legal, reasignación de identidad y protección federal a cambio de brindar información estratégica a Washington.
Aunque en su momento fue presentado como uno de los grandes trofeos de la guerra contra las drogas —acusado de traficar toneladas de fentanilo y de liderar una fracción del cártel más poderoso del continente—, hoy Ovidio Guzmán es exonerado por el país que durante años lo calificó como amenaza terrorista. El mensaje es claro: no importa el historial criminal si estás dispuesto a colaborar. La impunidad se negocia.
Según fuentes de inteligencia citadas por medios estadounidenses, la cooperación de Guzmán no ha sido menor: sus declaraciones ya habrían derivado en la detención de al menos tres figuras de alto perfil involucradas en redes de narcotráfico y corrupción política en México. Aunque los nombres aún no se han hecho públicos oficialmente, se habla de la existencia de una red de “narcopolíticos” con operaciones en Sinaloa, Nayarit y la Ciudad de México, algunos con cargos públicos vigentes o pasados en gobiernos locales afines a diferentes partidos.
Esto explicaría en parte la rapidez con la que la Fiscalía accedió a retirar los cargos, al considerar que la información proporcionada por Guzmán supera en valor estratégico el juicio mismo. Pero el trasfondo político es inevitable: una vez más, un criminal de alto calibre es recompensado por su utilidad, no por su arrepentimiento ni por un proceso de justicia genuino.
La historia de Ovidio Guzmán está marcada por capítulos contradictorios: capturado por el Ejército mexicano en 2019 y liberado por orden presidencial para “evitar un baño de sangre”; reaprehendido en 2023 tras un operativo militar de gran escala en Culiacán; y finalmente extraditado a EE.UU. en septiembre de ese año. Hoy, el que hasta hace poco era símbolo del poder criminal y la violencia narca, se convierte en pieza clave del aparato judicial estadounidense.
Desde México, la reacción ha sido de desconcierto y creciente sospecha. Organizaciones civiles y expertos en seguridad denuncian que este tipo de decisiones fracturan la credibilidad de la lucha contra el crimen organizado. Para las víctimas, no hay justicia; para los gobiernos, no hay explicación; para los delincuentes, hay incentivos.
Y mientras tanto, la pregunta persiste: ¿es posible combatir el narcotráfico sin terminar pactando con él?
