María Gil
En un país donde el ejercicio periodístico se ha convertido en un acto de alto riesgo, la censura y la disculpa obligada parecen sumar un nuevo capítulo en el repertorio de sanciones contra la libertad de prensa. Ahora, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) ha resuelto que el periodista Jesús Castañeda, director del portal ciudadano ‘Acapulco Trends’, debe no solo pagar una multa de 22 mil pesos, sino también ofrecer una disculpa pública durante 30 días consecutivos en sus redes sociales. ¿La razón? Un reportaje sobre el presunto desvío de 898 millones de pesos en la administración de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
La resolución va más allá de una simple sanción económica: exige a Castañeda difundir el extracto de la sentencia durante 30 días y, de no acatar la medida, se advierte la posibilidad de prisión para el periodista. Todo esto bajo el argumento de que el medio incurrió en “violencia política en razón de género” contra la edil. Así, el reportaje que puso incómoda a la alcaldesa —por presuntas irregularidades ligadas al manejo de recursos tras el huracán ‘Otis’— se convirtió en la excusa perfecta para llevar a los tribunales a quien se atrevió a investigarla.
La resolución va más allá de una simple sanción económica: exige a Castañeda difundir el extracto de la sentencia durante 30 días y, de no acatar la medida, se advierte la posibilidad de prisión para el periodista. Todo esto bajo el argumento de que el medio incurrió en “violencia política en razón de género” contra la edil. Así, el reportaje que puso incómoda a la alcaldesa —por presuntas irregularidades ligadas al manejo de recursos tras el huracán ‘Otis’— se convirtió en la excusa perfecta para llevar a los tribunales a quien se atrevió a investigarla.
El caso no es menor. La denuncia de la presidenta municipal, disfrazada de defensa de género, surge justo después de que ‘Acapulco Trends’ revelara inconsistencias en el manejo de casi 900 millones de pesos señalados por la Auditoría Superior del Estado. Según el propio Castañeda, la investigación se originó a partir de documentos oficiales y la cobertura rigurosa del ejercicio 2023, pero el resultado ha sido un intento institucional de silenciar la crítica, con el poder público usando el discurso de género para frenar el periodismo incómodo.
Paradójicamente, mientras periodistas son asesinados, secuestrados o silenciados por el crimen organizado y el poder político, ahora también se enfrentan a la “pena de la disculpa”. Como denuncia la periodista Yohali Reséndiz, hoy el precio de informar puede ser una multa, una disculpa forzada o, en el peor de los casos, la cárcel. El mensaje es claro: cuestionar a quienes ostentan el poder, incluso con pruebas en mano, puede costar caro en México.
Lejos de amedrentarse, Castañeda ha asegurado que seguirá ejerciendo el periodismo con responsabilidad, aun ante el linchamiento mediático y las amenazas de prisión. “Esta sanción no nos va a detener, sino al contrario. Vamos a seguir exponiendo, investigando sobre esta corrupción y sobre todo sobre estos casos, dando a conocer estos casos en donde el poder es utilizado para censurar”, declaró.
La orden judicial ya se cumple: en la cuenta de Facebook de ‘Acapulco Trends’ se lee el mensaje dictado por el Tribunal, en el que se pide disculpas a la alcaldesa por “generar violencia política en razón de género”. No obstante, la verdadera pregunta queda en el aire: ¿la disculpa pública sirve para reparar un daño real, o solo es un método para imponer miedo y control sobre la prensa?
Así, mientras el gobierno promueve la transparencia y la rendición de cuentas como banderas políticas, la realidad es que cada vez son más los periodistas que enfrentan la mordaza legal por atreverse a cuestionar el uso de los recursos públicos. Hoy el periodismo en Acapulco —y en México— no solo debe cuidarse de las balas, sino también de las sentencias que buscan callar la verdad.
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