Julio Gálvez
Un nuevo escándalo internacional sacude la historia política reciente de México: el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno de 25 millones de dólares para autorizar la operación del software espía Pegasus durante su sexenio. Así lo reveló un explosivo reportaje publicado por el diario israelí The Marker, que expone la trama de corrupción, espionaje y traiciones entre empresarios y altos funcionarios del Estado mexicano.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue entregado por dos empresarios israelíes: Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, quienes fungieron como intermediarios de NSO Group, la empresa responsable del temido software Pegasus. El objetivo era claro: abrirle la puerta al espionaje político en México y asegurarse contratos millonarios con dependencias clave, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la extinta Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La revelación estremece no sólo por el monto del soborno, sino por la naturaleza del acuerdo. Según fuentes citadas en el reportaje, parte de esos fondos fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, lo que implica que el espionaje y la manipulación política estaban entrelazados desde el inicio mismo de su mandato. El pago, lejos de ser una mera “comisión”, habría sido un boleto de entrada al círculo más cerrado del poder, a cambio de ceder el control de la vigilancia digital a intereses privados extranjeros.
La trama salió a la luz a raíz de una disputa legal entre los propios empresarios israelíes, quienes, tras el fracaso de su sociedad, comenzaron a ventilar detalles de los negocios ilícitos con el gobierno mexicano. En los documentos judiciales —llenos de eufemismos como “el hombre mayor”, “el N” o “la personalidad”— las referencias apuntan de manera inequívoca a Enrique Peña Nieto. Las pruebas, aunque cuidadosas en no mencionar nombres completos, dejan poco margen de duda sobre el destinatario final del dinero.
El papel de Avishai Neriah como cónsul honorario de México en Haifa fue clave para abrir canales de negociación entre las empresas tecnológicas israelíes y el Estado mexicano. De hecho, la influencia de ambos empresarios alcanzó tales niveles que lograron firmar acuerdos para repartirse las dependencias públicas a las que venderían tecnología de espionaje.
La caída de este esquema ocurrió en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Según The Marker, el relevo en el poder y la renuncia masiva de funcionarios ligados a la red Pegasus desmantelaron, al menos en apariencia, el sistema de protección y complicidad que permitió operar el software en México sin mayor escrutinio.
Este nuevo escándalo se suma a las investigaciones previas contra Peña Nieto por uso político del espionaje. No es la primera vez que su nombre aparece vinculado al caso Pegasus. En 2023, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, conocido como “Zeus”, declaró ante un juez que el expresidente ordenó personalmente espiar a empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, así como a periodistas críticos: Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Genaro Villamil, entre otros.
La lista de víctimas alcanzó al menos a mil 500 personas, cuyos nombres fueron recolectados en hojas de Excel y entregados al Cisen, entonces bajo el mando de Eugenio Ímaz Gispert. El testigo señaló que Peña Nieto, apodado “El Patrón”, decidía personalmente los blancos del espionaje, en una operación de vigilancia masiva que pisoteó derechos fundamentales y utilizó recursos públicos para proteger intereses privados y perpetuar el control político.
Mientras tanto, Enrique Peña Nieto reside cómodamente en España, lejos de cualquier proceso judicial en México. Acusaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, delitos electorales y ahora un soborno internacional por espionaje digital se acumulan en su expediente, sin que hasta ahora alguna autoridad se atreva a tocarlo.
El caso Pegasus exhibe una de las peores caras de la clase política mexicana: la disposición a vender la privacidad y la seguridad de miles de ciudadanos a cambio de millones de dólares y favores políticos. México, convertido en cliente VIP del espionaje internacional, vio a su presidente actuar como operador de una red que espiaba a opositores, empresarios y periodistas. El costo de la vigilancia, la manipulación y la traición a la democracia hoy tiene cifra y nombres propios. Falta saber si el Estado mexicano, en esta “nueva época”, está dispuesto a romper el pacto de impunidad y mirar de frente el precio de su pasado.
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