María Gil
6 de julio de 2025
El combate a la gentrificación en la Ciudad de México parece haberse reducido a una narrativa oficial optimista que poco se refleja en la realidad cotidiana de miles de capitalinos. Este sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronunció abiertamente en contra de este fenómeno social, asegurando que su administración ha implementado acciones como la producción de vivienda social y la entrega de créditos para mejoramiento de viviendas, todo bajo la consigna de “defender el derecho a la ciudad”.
Sin embargo, la política pública anunciada por la mandataria resulta insuficiente ante la magnitud y la complejidad de la gentrificación en la capital. La construcción de vivienda pública es, en el mejor de los casos, un paliativo limitado: el ritmo al que se edifica es mucho menor al de la llegada de nuevas inversiones inmobiliarias y del aumento de rentas en colonias como la Roma, la Condesa, Juárez o San Rafael. Mientras tanto, miles de familias continúan desplazadas por un mercado de vivienda dominado por la especulación, la llegada masiva de nómadas digitales y el turismo de corto plazo que plataformas como Airbnb han exacerbado.
Brugada sostiene que los créditos accesibles para el mejoramiento de viviendas permitirán que los habitantes de menores recursos no sean expulsados de sus barrios. Pero esta medida no atiende el problema de raíz: el sistema de mercado que permite y alienta la compra y renta de inmuebles para fines turísticos o especulativos. El discurso oficial evita referirse a la regulación de plataformas digitales, a los incentivos fiscales que favorecen a grandes desarrolladores y a la falta de mecanismos reales para frenar la expulsión de los habitantes originarios.
La mandataria capitalina reconoció que “necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación”, pero lo cierto es que no basta con anunciar intenciones o declarar el desacuerdo con el fenómeno. La gentrificación es resultado de políticas urbanas que han privilegiado la inversión privada por encima del bienestar social, y de una ausencia de controles sobre el uso de suelo y los precios de renta.
Mientras las medidas de la actual administración sigan centradas en soluciones superficiales y populistas, atacando de raíz la estructural del problema, la Ciudad de México seguirá perdiendo su tejido social, su diversidad y su sentido de comunidad. Rechazar la gentrificación está bien, pero combatirla de verdad implica decisiones políticas valientes que hasta ahora no se ven en la agenda del gobierno de Clara Brugada.
El combate a la gentrificación en la Ciudad de México parece haberse reducido a una narrativa oficial optimista que poco se refleja en la realidad cotidiana de miles de capitalinos. Este sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronunció abiertamente en contra de este fenómeno social, asegurando que su administración ha implementado acciones como la producción de vivienda social y la entrega de créditos para mejoramiento de viviendas, todo bajo la consigna de “defender el derecho a la ciudad”.
Sin embargo, la política pública anunciada por la mandataria resulta insuficiente ante la magnitud y la complejidad de la gentrificación en la capital. La construcción de vivienda pública es, en el mejor de los casos, un paliativo limitado: el ritmo al que se edifica es mucho menor al de la llegada de nuevas inversiones inmobiliarias y del aumento de rentas en colonias como la Roma, la Condesa, Juárez o San Rafael. Mientras tanto, miles de familias continúan desplazadas por un mercado de vivienda dominado por la especulación, la llegada masiva de nómadas digitales y el turismo de corto plazo que plataformas como Airbnb han exacerbado.
Brugada sostiene que los créditos accesibles para el mejoramiento de viviendas permitirán que los habitantes de menores recursos no sean expulsados de sus barrios. Pero esta medida no atiende el problema de raíz: el sistema de mercado que permite y alienta la compra y renta de inmuebles para fines turísticos o especulativos. El discurso oficial evita referirse a la regulación de plataformas digitales, a los incentivos fiscales que favorecen a grandes desarrolladores y a la falta de mecanismos reales para frenar la expulsión de los habitantes originarios.
La mandataria capitalina reconoció que “necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación”, pero lo cierto es que no basta con anunciar intenciones o declarar el desacuerdo con el fenómeno. La gentrificación es resultado de políticas urbanas que han privilegiado la inversión privada por encima del bienestar social, y de una ausencia de controles sobre el uso de suelo y los precios de renta.
Mientras las medidas de la actual administración sigan centradas en soluciones superficiales y populistas, atacando de raíz la estructural del problema, la Ciudad de México seguirá perdiendo su tejido social, su diversidad y su sentido de comunidad. Rechazar la gentrificación está bien, pero combatirla de verdad implica decisiones políticas valientes que hasta ahora no se ven en la agenda del gobierno de Clara Brugada.
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