Ricardo Montoya.
Este viernes continúa el cierre total —en ambos sentidos— del Arco Norte por parte de ejidatarios de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y otras entidades, quienes demandan el pago por terrenos que, aseguran, les fueron arrebatados en 2006 y utilizados para la construcción de la autopista.
El bloqueo se mantiene bajo un puente vehicular, en el tramo del kilómetro 182+400, en la frontera entre Hidalgo y Tlaxcala, cerca de la caseta de Calpulalpan. Los manifestantes colocaron piedras y trozos de madera para impedir el paso; automovilistas particulares y operadores de camiones permanecen varados sobre la vía.
Los ejidatarios denuncian que desde junio del año pasado los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) les han dado “largas” y no han resuelto sus reclamos. Además, afirman que la federación no ha emitido el decreto de expropiación de las tierras donde se construyó el Arco Norte, trámite que, de haberse realizado, obligaría al pago de una indemnización que hasta ahora no ha ocurrido.
Según los quejosos, la ausencia del decreto ha propiciado que en los planos de algunos certificados parcelarios no figure la presencia de la carretera. Incluso mencionan un caso de un certificado expedido en agosto de 2011 en el que no aparece la vía, lo que, aseguran, legalmente ratifica la titularidad de los ejidatarios sobre esos predios.
Acusan que a varios les pagaron apenas entre 8 y 24 pesos por metro cuadrado por concepto de derecho de paso, pero no por la propiedad de la tierra. En casi 19 años tampoco han recibido compensación por la pérdida de “bienes distintos de la tierra”, como magueyes, árboles y plantas originarias que fueron arrasadas cuando se colocó el asfalto.
Explican que hay dos grupos de afectados: los “directos”, propietarios de parcelas que quedaron fragmentadas o cubiertas por la carpeta asfáltica e infraestructura; y los que perdieron terrenos de uso común, es decir, áreas que pertenecían colectivamente a la comunidad y fueron ocupadas para la obra.
También alertan sobre el impacto productivo y de seguridad: ya no pueden pastar ganado —ovejas, borregos y vacas— en las parcelas fragmentadas por la autopista por el riesgo de atropellamiento.
Advierten que mantendrán el bloqueo y que podrían emprender acciones más radicales si no reciben el pago reclamado.
Aunque los automovilistas particulares con destino a Texmelucan pueden salir del Arco Norte por la caseta de Tulancingo, y quienes van a Atlacomulco pueden salir por la caseta de Sanctórum, los operadores de tráileres se ven obligados a permanecer en el tramo bloqueado. Los transportistas señalan que tomar rutas alternas puede activar los geolocalizadores de las empresas, lo que, aseguran, provoca que algunas unidades queden sin motor en lugares peligrosos, donde se vuelven blancos de asaltos.
