María Gil
Tepoztlán, Morelos | 8 de septiembre de 2025.– La casa del senador Gerardo Fernández Noroña, ubicada en el exclusivo Valle de Atongo en Tepoztlán, podría terminar en tribunales agrarios a partir de octubre, cuando el nuevo consejo de bienes comunales decida si promueve un juicio de restitución del predio. La asamblea comunal resolvió que será el comité entrante quien asuma la determinación, pues los comuneros aseguran que esas tierras pertenecen legalmente a la comunidad desde 1929 por resolución presidencial y que nunca se autorizó la posesión particular de los terrenos.
El inmueble, valuado en alrededor de 12 millones de pesos y adquirido en noviembre de 2024, ha sido motivo de tensión entre el legislador y los habitantes del municipio. Comuneros, encabezados por el abogado agrarista Rubén Tapia Gama, denunciaron en asamblea que el senador no solo se instaló en un terreno que no le corresponde, sino que además ha respondido con hostilidad y hasta con amenazas, advirtiendo que “la pasarían muy mal” quienes cuestionaran la legalidad de su propiedad.
Los reclamos no son menores: en Tepoztlán, la defensa de los bienes comunales ha sido una constante histórica. La comunidad ya logró en los años noventa recuperar casi doscientas hectáreas destinadas a un campo de golf y otros predios vinculados a poderosos intereses políticos. Hoy, los comuneros buscan repetir la historia frente a un personaje que, paradójicamente, ha construido su carrera política bajo la bandera de la lucha contra los privilegios.
Durante las últimas semanas, vecinos han acusado a Fernández Noroña de tener actitudes violentas y prepotentes frente a quienes le reclaman. Él, por su parte, ha retado públicamente a que lo lleven a juicio y ha defendido que todo Tepoztlán se asienta sobre tierras comunales, sugiriendo que su situación no es distinta a la de cualquier otro poblador. Sin embargo, la diferencia radica en que los comuneros cuentan con documentos históricos que respaldan la propiedad comunal del Valle de Atongo, mientras que Noroña no ha mostrado públicamente ningún título legítimo que acredite su posesión.
Si el nuevo comité de bienes comunales avala la petición, el procedimiento sería claro: se presentaría una demanda de restitución ante el Tribunal Unitario Agrario, lo que abriría un litigio en el que la comunidad y el senador tendrían que enfrentarse en el terreno legal. En Tepoztlán, muchos lo consideran un episodio inevitable: el choque entre un político con aspiraciones nacionales y una comunidad que ha sabido derrotar a intereses más grandes. Octubre será, entonces, la primera prueba de fuego para saber si la residencia del senador se mantiene en pie como símbolo de poder o si pasa a la historia como otro ejemplo de restitución comunal.
