2 de noviembre de 2025
Líderes del sector privado estadounidense están levantando la voz con fuerza. Según recientes informes, el entorno de negocios entre United States–Mexico–Canada Agreement (T-MEC/USMCA) y México se encuentra bajo tensión, tanto por el próximo proceso de revisión del acuerdo en 2026 como por reformas judiciales en territorio mexicano que empresarios estadounidenses consideran ponen en riesgo la certeza jurídica básica para la inversión.
El T-MEC —que entró en vigor en 2020 y que será sujeto a una revisión conjunta en julio de 2026, con la posibilidad de extenderse otros 16 años— representa un pilar del comercio trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá. En ese escenario, varios ejecutivos estadounidenses advierten que la “politización” del poder judicial en México podría debilitar las garantías de arbitraje y trato equitativo que demandan las grandes compañías.
Desde el ámbito corporativo de Estados Unidos, se señala que reformas propuestas en México —como la elección popular de jueces o la reestructuración de agencias reguladoras independientes— podrían transformar al sistema judicial en un mecanismo más vulnerable a influencias políticas. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) describe que esta reforma “podría llevar a consecuencias desastrosas para el futuro legal y económico de México”. Asimismo, la U.S. Chamber of Commerce emitió un comunicado en el que advertía que ciertas reformas judiciales podrían “socavar el estado de derecho y las garantías de protección de las operaciones empresariales en México, incluyendo el estándar mínimo de tratamiento bajo el T-MEC”.
El mensaje es doble: por un lado piden la confirmación de que el T-MEC será renovado en 2026; por otro, reclaman que las empresas estén protegidas frente a “caprichos políticos” o decisiones judiciales que, en su interpretación, podrían no derivar de procesos independientes sino de influencias de naturaleza política. Por ejemplo, un reporte de inversión destaca que la reforma al sistema de suspensiones en el amparo abre la posibilidad de que decisiones gubernamentales queden al arbitrio de criterios abstractos como “interés social” o “orden público”.
Desde el gobierno mexicano —y en especial desde la administración de Claudia Sheinbaum— se ha expresado el compromiso con mantener el T-MEC y evitar cambios drásticos. Según Reuters, Sheinbaum declaró que el acuerdo “es ley” y que cualquier modificación requeriría un proceso cuidadoso. Sin embargo, la tensión queda patente: por ejemplo, el propio Donald Trump ha declarado que “podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente hacer acuerdos diferentes” cuando se le pregunta sobre la extensión a 2036 del T-MEC.
Para el sector empresarial de EE.UU., esa ambigüedad es peligrosa. Según un artículo de The Guardian, los planes de inversión en México se están “reconsiderando, aplazando o simplemente abandonando” ante la falta de claridad sobre la continuidad del T-MEC y la estructura judicial del país. En ese contexto, el llamado de las compañías estadounidenses es claro: no sólo la renovación del acuerdo comercial, sino la garantía de que México mantendrá un sistema jurídico que respete principios de independencia, imparcialidad y protección de inversionistas.
Desde el punto de vista jurídico y político, este reclamo plantea varios ejes críticos. Primero, la credibilidad del T-MEC como instrumento que no sólo regula aranceles sino también estándares de inversión, trato justo, mecanismos de solución de controversias y estabilidad regulatoria. Segundo, el riesgo de que reformas internas en México —si bien presentadas como combate a la corrupción o fortalecimiento de la democracia judicial— acaben erosionando la protección para empresas. Finalmente, la dinámica política de Estados Unidos: en un contexto de retorno de Trump y una agenda comercial más agresiva, el sector privado estadounidense desea que Washington adopte una postura firme que incluya a México como pieza clave del comercio y de la cadena de valor norteamericana.
Para México, estas advertencias representan tanto una oportunidad como un desafío. Las inversiones estadounidenses siguen siendo la fuente más importante de inversión extranjera directa en el país, y el mantenimiento del T-MEC es vital para asegurar competitividad, generación de empleo y desarrollo de cadenas productivas regionales. Pero esa confianza puede evaporarse si prevalece la percepción —fundada o no— de que los arbitrajes o litigios estarán sujetos a vaivenes políticos más que a criterios jurídicos autónomos.
En conclusión, el sector privado de Estados Unidos lanza una señal: quieren un T-MEC renovado, pero también un México con un sistema judicial y regulatorio que funcione al margen de intereses políticos inmediatos. La empresa privada no sólo invierte en fábricas, cadenas y tecnología; invierte en certeza, y esa certeza —según sus reclamaciones— corre riesgo en el actual momento del derecho mexicano. Para los abogados, periodistas y analistas en México, este llamado del mundo empresarial estadounidense abre una nueva arista del debate sobre soberanía, reforma judicial y la inserción del país en la economía global de América del Norte.
Para México, estas advertencias representan tanto una oportunidad como un desafío. Las inversiones estadounidenses siguen siendo la fuente más importante de inversión extranjera directa en el país, y el mantenimiento del T-MEC es vital para asegurar competitividad, generación de empleo y desarrollo de cadenas productivas regionales. Pero esa confianza puede evaporarse si prevalece la percepción —fundada o no— de que los arbitrajes o litigios estarán sujetos a vaivenes políticos más que a criterios jurídicos autónomos.
En conclusión, el sector privado de Estados Unidos lanza una señal: quieren un T-MEC renovado, pero también un México con un sistema judicial y regulatorio que funcione al margen de intereses políticos inmediatos. La empresa privada no sólo invierte en fábricas, cadenas y tecnología; invierte en certeza, y esa certeza —según sus reclamaciones— corre riesgo en el actual momento del derecho mexicano. Para los abogados, periodistas y analistas en México, este llamado del mundo empresarial estadounidense abre una nueva arista del debate sobre soberanía, reforma judicial y la inserción del país en la economía global de América del Norte.
