Alonso Quijano
25 de diciembre de 2025
La justicia federal volvió a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez no por un exceso punitivo ni por un acto ejemplar, sino por una decisión que, aunque jurídicamente argumentada, resulta moralmente difícil de digerir en un país marcado por el horror del secuestro. Una juez federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, de un delito de secuestro y dio por cumplida una condena de ocho años por delincuencia organizada, abriendo un nuevo debate sobre el sentido real de la justicia en México.
La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, un nombre que no es ajeno a la controversia pública desde su participación en resoluciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. En la causa penal 2/2024, la juzgadora concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Arizmendi López en el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, al no demostrarse —según su criterio— las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sostener la acusación.
El razonamiento jurídico se apoya en pilares constitucionales: la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y, ante su insuficiencia, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. En términos estrictamente legales, el argumento es impecable. En términos sociales, es devastador. Se trata de uno de los secuestradores más notorios en la historia reciente del país, responsable de decenas de plagios y sentencias acumuladas que superan los 250 años de prisión.
La juez también declaró extinguida la pena de ocho años por delincuencia organizada, al considerar que Arizmendi ha estado privado de la libertad desde enero de 1998, superando ampliamente el tiempo de condena impuesto. Más de 25 años en prisión bastaron, según esta lógica, para dar por cumplida la sanción. El fallo incluso impuso una multa que apenas supera los 13 mil pesos o, en su defecto, 500 jornadas de trabajo comunitario, una cifra que contrasta brutalmente con el daño irreparable causado a las víctimas y sus familias.
Conviene subrayar que esta resolución no implica la liberación inmediata de El Mochaorejas. Arizmendi López permanece recluido en el penal federal de Gómez Palacio, Durango, debido a otras condenas vigentes. Sin embargo, el mensaje institucional ya fue enviado: uno de los símbolos del terror criminal en México ha sido formalmente absuelto de un secuestro por falta de pruebas y ha visto extinguida una condena por delincuencia organizada.
El problema no es únicamente jurídico, sino profundamente político y ético. En un país donde el discurso oficial presume una justicia “humanista” y un sistema orientado al bienestar, la absolución de un criminal emblemático por deficiencias en la acusación expone las grietas estructurales del Estado. No es solo el juez quien absuelve; es el sistema de procuración de justicia el que fracasa al no sostener sus propios casos, décadas después de los hechos.
La decisión de Duarte Cedillo puede ser defendida en tribunales y manuales de derecho constitucional. Pero fuera de ellos, deja una sensación amarga: la de un Estado que, por incapacidad o negligencia, permite que la legalidad termine operando como una forma de impunidad técnica. Para las víctimas del secuestro, el mensaje es claro y brutal: la justicia puede tardar tanto que, cuando llega, ya no repara nada.
La justicia federal volvió a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez no por un exceso punitivo ni por un acto ejemplar, sino por una decisión que, aunque jurídicamente argumentada, resulta moralmente difícil de digerir en un país marcado por el horror del secuestro. Una juez federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, de un delito de secuestro y dio por cumplida una condena de ocho años por delincuencia organizada, abriendo un nuevo debate sobre el sentido real de la justicia en México.
La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, un nombre que no es ajeno a la controversia pública desde su participación en resoluciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. En la causa penal 2/2024, la juzgadora concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Arizmendi López en el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, al no demostrarse —según su criterio— las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sostener la acusación.
El razonamiento jurídico se apoya en pilares constitucionales: la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y, ante su insuficiencia, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. En términos estrictamente legales, el argumento es impecable. En términos sociales, es devastador. Se trata de uno de los secuestradores más notorios en la historia reciente del país, responsable de decenas de plagios y sentencias acumuladas que superan los 250 años de prisión.
La juez también declaró extinguida la pena de ocho años por delincuencia organizada, al considerar que Arizmendi ha estado privado de la libertad desde enero de 1998, superando ampliamente el tiempo de condena impuesto. Más de 25 años en prisión bastaron, según esta lógica, para dar por cumplida la sanción. El fallo incluso impuso una multa que apenas supera los 13 mil pesos o, en su defecto, 500 jornadas de trabajo comunitario, una cifra que contrasta brutalmente con el daño irreparable causado a las víctimas y sus familias.
Conviene subrayar que esta resolución no implica la liberación inmediata de El Mochaorejas. Arizmendi López permanece recluido en el penal federal de Gómez Palacio, Durango, debido a otras condenas vigentes. Sin embargo, el mensaje institucional ya fue enviado: uno de los símbolos del terror criminal en México ha sido formalmente absuelto de un secuestro por falta de pruebas y ha visto extinguida una condena por delincuencia organizada.
El problema no es únicamente jurídico, sino profundamente político y ético. En un país donde el discurso oficial presume una justicia “humanista” y un sistema orientado al bienestar, la absolución de un criminal emblemático por deficiencias en la acusación expone las grietas estructurales del Estado. No es solo el juez quien absuelve; es el sistema de procuración de justicia el que fracasa al no sostener sus propios casos, décadas después de los hechos.
La decisión de Duarte Cedillo puede ser defendida en tribunales y manuales de derecho constitucional. Pero fuera de ellos, deja una sensación amarga: la de un Estado que, por incapacidad o negligencia, permite que la legalidad termine operando como una forma de impunidad técnica. Para las víctimas del secuestro, el mensaje es claro y brutal: la justicia puede tardar tanto que, cuando llega, ya no repara nada.
