En Veracruz, el mensaje es claro: decir la verdad se castiga. Un periodista enfrentará un año de prisión domiciliaria mientras el discurso oficial relativiza la violencia real. Bajo el gobierno de Nahle, la persecución se dirige contra quien informa y cuestiona, no contra quienes siembran miedo con explosiones y armas. En México, la palabra incomoda más que el delito.
