Felipe de Jesús “N”, identificado por las autoridades federales como el maquinista del tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, fue detenido el 26 de enero en Palenque, Chiapas, por elementos de la Policía Federal Ministerial, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.
La captura ocurre mientras la Fiscalía General de la República avanza en la integración del caso, en el que ya anticipó el ejercicio de acción penal por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien o quienes resulten responsables.
En un mensaje en video, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos sostuvo que, tras el análisis de los datos de la caja negra del convoy siniestrado, se determinó que el descarrilamiento obedeció a un exceso de velocidad: el tren alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos con un límite máximo de 70, es decir, 41 kilómetros por encima de lo permitido, y circulaba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el siniestro, pese a que en ese punto el máximo autorizado era de 50. La FGR detalló que, como parte de la investigación, se realizaron inspecciones en la vía ferroviaria, análisis técnicos de locomotoras y vagones, levantamientos topográficos, aseguramiento de indicios y la extracción de la caja negra, lo que permitió reconstruir el comportamiento del tren en los minutos previos al accidente.
Según la fiscalía, la revisión posterior de la infraestructura y del estado mecánico del convoy no arrojó fallas que expliquen el descarrilamiento, por lo que la principal línea de investigación se centra en la conducción del tren y en el incumplimiento de la normatividad operativa por parte del personal responsable.
No obstante, la propia autoridad reconoció que las indagatorias continúan abiertas para descartar otros factores técnicos, mientras dependencias federales mantienen una mesa de atención a víctimas para integrar expedientes médicos y avanzar en la reparación integral del daño, en un caso que, más allá de la responsabilidad individual, vuelve a colocar bajo escrutinio público la seguridad y supervisión de uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal.
