Jorge Montejo
27 de enero de 2026
Cinco años tuvieron que pasar para que el gobierno encontrara a los responsables de haber “extraviado” más de 800 millones de pesos en el ya extinto Banco Accendo. No el dinero, por supuesto —ese sigue desaparecido, probablemente tomando vacaciones permanentes en Noruega—, sino a los culpables administrativos que hoy figuran en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados. La exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo fue finalmente inhabilitada, acompañada de tres exfuncionarios más: César Alberto González López, Juan Luis García Hernández e Ignacio Valdez Benítez, todos ellos responsables de haber confiado recursos públicos a un banco que ya venía dando señales de naufragio.
Las resoluciones administrativas confirman que la contratación de Accendo provocó un daño directo a la hacienda pública estatal por alrededor de 863 millones de pesos, recursos que hoy siguen atrapados en un proceso de liquidación judicial del que nadie sabe cuándo —ni si— saldrán. Hubo alertas previas, hubo avisos formales y hubo llamados de atención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que no hubo fue prisa. Los funcionarios omitieron retirar el dinero a tiempo, quizá bajo la lógica de que los bancos no quiebran… hasta que quiebran.
Y entonces llegó la sanción, puntual como suele llegar la justicia administrativa (de la cual se puede desencadenar una investigación penal por parte de la Procuraduría de Hidalgo): Los nombres fueron inhabilitados, los expedientes se cerraron y el dinero siguió sin aparecer. Todo quedó en orden. Todo quedó limpio. Todo quedó… administrativo.
En este escenario impecable hay, sin embargo, un personaje absolutamente ajeno a cualquier responsabilidad: Omar Fayad. El único que no es culpable de nada. El gobernador que nunca supo lo que hacían sus subordinados, que jamás se enteró de que cientos de millones de pesos estaban depositados en un banco en crisis, y que gobernó con la tranquilidad de quien cree que las finanzas públicas se manejan solas. Fayad no falló, porque nunca supo. Y si no supo, entonces no pasó nada.
Las resoluciones administrativas confirman que la contratación de Accendo provocó un daño directo a la hacienda pública estatal por alrededor de 863 millones de pesos, recursos que hoy siguen atrapados en un proceso de liquidación judicial del que nadie sabe cuándo —ni si— saldrán. Hubo alertas previas, hubo avisos formales y hubo llamados de atención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que no hubo fue prisa. Los funcionarios omitieron retirar el dinero a tiempo, quizá bajo la lógica de que los bancos no quiebran… hasta que quiebran.
Y entonces llegó la sanción, puntual como suele llegar la justicia administrativa (de la cual se puede desencadenar una investigación penal por parte de la Procuraduría de Hidalgo): Los nombres fueron inhabilitados, los expedientes se cerraron y el dinero siguió sin aparecer. Todo quedó en orden. Todo quedó limpio. Todo quedó… administrativo.
En este escenario impecable hay, sin embargo, un personaje absolutamente ajeno a cualquier responsabilidad: Omar Fayad. El único que no es culpable de nada. El gobernador que nunca supo lo que hacían sus subordinados, que jamás se enteró de que cientos de millones de pesos estaban depositados en un banco en crisis, y que gobernó con la tranquilidad de quien cree que las finanzas públicas se manejan solas. Fayad no falló, porque nunca supo. Y si no supo, entonces no pasó nada.
