Nueva York, 5 de enero de 2026
Ante una corte federal de Manhattan, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos que enfrenta en Estados Unidos, en una comparecencia que combinó el ritual jurídico con el mensaje político. La audiencia, realizada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, marcó el inicio formal de un proceso penal de alto impacto geopolítico, en el que el gobierno estadounidense acusa al mandatario venezolano de delitos vinculados con narcotráfico y conspiración criminal.
De acuerdo con informes, Maduro escuchó la lectura de cargos, negó las imputaciones y quedó bajo custodia de las autoridades federales, mientras se definían los siguientes pasos procesales, incluida la asignación de defensa y el calendario de audiencias. La fiscalía sostiene que el acusado encabezó —o permitió— una estructura que habría facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense; la defensa, en cambio, insiste en que se trata de una persecución con motivaciones políticas.
La escena en la sala judicial sintetizó dos narrativas irreconciliables. Para Washington, el caso es la culminación de años de investigación contra una presunta red criminal transnacional; para Caracas, una agresión directa a su soberanía y un intento de judicializar un conflicto político. No es menor que la comparecencia se haya producido en Manhattan, epicentro simbólico del poder judicial federal, donde cada gesto adquiere resonancia internacional.
Fuera del tribunal, el clima fue igualmente tenso. Grupos de simpatizantes y detractores del gobierno venezolano se manifestaron a distancia, recordando que el proceso no solo se dirime en expedientes y pruebas, sino también en la opinión pública global. El expediente judicial avanza mientras, en paralelo, se despliega una batalla por el relato: culpabilidad penal versus victimización política.
En términos estrictamente legales, el caso se encuentra en su fase inicial. La presunción de inocencia rige, la fiscalía deberá acreditar sus acusaciones con pruebas robustas y la defensa tendrá oportunidad de controvertirlas. Sin embargo, el impacto trasciende lo jurídico. Un presidente en funciones —o recientemente en funciones— compareciendo ante una corte extranjera tensiona los límites entre jurisdicción, derecho internacional y poder.
Lo que sigue será decisivo: audiencias preliminares, resoluciones sobre medidas cautelares y, eventualmente, la admisión o exclusión de pruebas clave. Mientras tanto, el proceso ya cumple una función política inevitable. En Nueva York se juzga a una persona; en el tablero internacional, se pone a prueba la capacidad del derecho penal para dirimir conflictos que, desde hace años, se libran en el terreno de la diplomacia y la confrontación ideológica.
