Alonso Quijano
30 de enero de 2026
Ciudad de México.— La política de seguridad en México vuelve a exhibir un patrón que ya no sorprende a analistas ni a observadores internacionales: el Estado mexicano parece redoblar esfuerzos contra el narcotráfico únicamente cuando la presión proviene de Washington. Sin ese empuje externo, las acciones se diluyen, los operativos se ralentizan y el discurso oficial vuelve a refugiarse en la narrativa de soberanía, mientras en los hechos la violencia y el poder territorial de los cárteles permanecen intactos.
En semanas recientes, el gobierno de Estados Unidos elevó el tono frente a México, exigiendo resultados concretos contra las organizaciones criminales responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio. La presión no fue solo retórica: se acompañó de advertencias diplomáticas, de la redefinición del crimen organizado como amenaza a la seguridad nacional estadounidense y de insinuaciones —cada vez menos veladas— sobre acciones unilaterales si no se observaban avances sustanciales. Fue en ese contexto cuando México aceleró detenciones, extradiciones y operativos de alto impacto, muchos de ellos largamente postergados.
Este comportamiento no es nuevo. La historia de la cooperación bilateral en materia de seguridad muestra que los momentos de mayor “actividad” del Estado mexicano suelen coincidir con episodios de tensión con Estados Unidos. La Iniciativa Mérida, las capturas de capos de alto perfil y las extradiciones exprés han surgido, una y otra vez, como respuesta a exigencias externas más que como resultado de una política de Estado sostenida y autónoma.
Paradójicamente, mientras el discurso oficial insiste en la defensa de la soberanía y en una política exterior “independiente”, la realidad evidencia una profunda dependencia estratégica. La actual administración, que se reivindica como parte de un proyecto de izquierda y transformación profunda, ha terminado subordinando su agenda de seguridad a los intereses de Washington. La contradicción es evidente: se habla de ruptura con el pasado neoliberal y de resistencia al “imperialismo”, pero en los hechos se actúa cuando Estados Unidos presiona, amenaza o condiciona. El discurso populista sirve hacia adentro; la obediencia pragmática se ejerce hacia afuera.
En este escenario, la entrega de presuntos integrantes de organizaciones criminales a autoridades estadounidenses —algunas mediante procedimientos acelerados y cuestionados— se presenta como prueba de cooperación, pero también como síntoma de una política reactiva. No se trata de una estrategia integral de combate al crimen, sino de movimientos tácticos para desactivar tensiones diplomáticas. La lucha contra el narcotráfico parece así más un instrumento de negociación bilateral que una prioridad estructural del Estado mexicano.
Mientras tanto, en el territorio nacional, la violencia no cede de manera uniforme. Estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Zacatecas siguen registrando disputas armadas, control criminal de regiones enteras y una gobernabilidad fragmentada. Los decomisos y detenciones anunciados no se traducen en un debilitamiento real de las estructuras financieras y políticas del crimen organizado, que continúan operando con amplios márgenes de impunidad.
Especialistas en seguridad coinciden en que la presión estadounidense puede generar resultados inmediatos, pero no sustituye la falta de fortalecimiento institucional interno. Sin una estrategia propia, sin depuración de corporaciones, sin persecución efectiva del lavado de dinero y sin ruptura de las redes de protección política, los operativos seguirán siendo episodios aislados, activados desde fuera y desactivados desde dentro.
Al final, la pregunta no es si México coopera con Estados Unidos —eso es inevitable dada la interdependencia—, sino por qué esa cooperación solo se traduce en acción cuando Washington aprieta. La respuesta incomoda al discurso oficial: porque la política de seguridad sigue atrapada entre la retórica ideológica y la realidad geopolítica. Y mientras esa contradicción persista, la seguridad nacional seguirá siendo reactiva, condicionada y, sobre todo, insuficiente.
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P.D. Mientras tanto, los lacayos más entusiastas de la llamada Cuarta Transformación siguen presumiendo —con sonrisa triunfal— que Donald Trump “elogia” a la presidenta de México. Como si no fuera evidente que Trump no alaba: administra. Habla bien cuando tiene a alguien sometido, cuando sabe que del otro lado hay obediencia, no confrontación. Pero los chairos todavía se la creen. Confunden cortesía imperial con respeto, sumisión con liderazgo, y propaganda con dignidad nacional.
