Jorge Montejo
16/08/21
La semana pasada renunció Raúl Arroyo como Procurador General del Justicia del Estado de Hidalgo, lo anterior sin que exista aún una transformación de fondo a fiscalía de esta institución por parte del Congreso de Hidalgo.
Por lo anterior, inmediatamente comenzaron a surgir los rumores sobre los motivos de la renuncia, ya que esta tiene fecha del 9 de agosto de 2021, cuando se hizo pública hasta el día 13 del mismo mes.
Ante esta situación Omar Fayad, lanzó una convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo para sustituir al procurador; sin embargo, muchos comentan en las cloacas de gobierno que todo ya esta planchado para que llegue alguien cercano a los intereses del PRI.
No debemos olvidar que en Hidalgo posiblemente exista un cambio democrático del titular del ejecutivo, por lo que, políticos del régimen de corrupción tratarán de dejar a un fiscal a modo que cubra los saqueos de empresas de prestanombres ante la posible llegada de la 4T al gobierno en 2022.
De esta forma, estimado lector, el Congreso de Hidalgo, no estudiará ni dictaminará ninguna iniciativa para transformar la procuraduría de fondo; así como el poder judicial, ya que títeres del PRI buscarán un fiscal carnal.
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De conformidad con la Constitución de Hidalgo, el Gobernador del Estado tendrá que presentar al Congreso una lista para la selección del nuevo Procurador General de Justicia (responsabilidad que Omar Fayad evadió realizando convocatoria en el POEH, toda vez que autoridades sólo pueden hacer lo que la norma les permite no más, no menos).
El Congreso o en su caso la comisión permanente tendrá que elegir al nuevo procurador dentro de un procedimiento no mayor a 10 días (El Congreso elegirá a un perfil a modo de Omar Fayad y el PRI).
En caso de no existir votación en el Congreso, el gobernador designará al nuevo procurador.
El Congreso o en su caso la comisión permanente tendrá que elegir al nuevo procurador dentro de un procedimiento no mayor a 10 días (El Congreso elegirá a un perfil a modo de Omar Fayad y el PRI).
En caso de no existir votación en el Congreso, el gobernador designará al nuevo procurador.
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