Alonso Quijano
Para el gobierno de Morena, 407 millones de pesos sin aclarar son apenas una “parte mínima” del presupuesto ejercido en 2023. Así lo dijo el gobernador al ser cuestionado sobre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que colocaron a Hidalgo entre las 24 entidades con posibles desvíos de recursos del gasto federalizado no programable.
El informe de la ASF, con corte al 20 de febrero, detalla que el gobierno de Hidalgo no ha podido justificar el destino de estos recursos, detectando anomalías que van desde la falta de documentación comprobatoria hasta pagos en exceso o improcedentes.
En conferencia de prensa, Menchaca relativizó las observaciones, argumentando que los 407 millones representan un porcentaje menor dentro del total de 60 mil millones ejercidos en la Cuenta Pública 2023.
El problema es que esta cantidad no es un caso aislado. La ASF no es la única que ha detectado inconsistencias en la administración estatal. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) también observó irregularidades por 7 millones 63 mil 835 pesos en la misma cuenta pública. Y si esto no fuera suficiente, a nivel municipal, las inconsistencias suman 107 millones de pesos adicionales, lo que eleva aún más las dudas sobre el manejo de los recursos públicos en la entidad.
Menchaca asegura que estas irregularidades pueden ser aclaradas en un plazo no mayor a 20 días.
Mientras tanto, Hidalgo sigue acumulando cifras que lo colocan entre los estados con mayores irregularidades en el gasto público. La pregunta es: ¿realmente habrá consecuencias o, como de costumbre, todo quedará en excusas y papeles acomodados a conveniencia?
