Alonso Quijano
En un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que, gracias a su estrategia de presión económica sobre México, el gobierno del país vecino extraditó a 29 narcotraficantes de alto perfil a territorio estadounidense.
“Hace cinco noches, las autoridades mexicanas, por la política arancelaria que les imponemos, nos entregaron a 29 de los mayores líderes de los carteles de su país, algo que nunca había ocurrido”, afirmó Trump ante los legisladores, destacando lo que calificó como un “hecho sin precedentes” en la cooperación internacional en materia de seguridad.
Entre los extraditados, figuran nombres de peso en el mundo del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, antiguos líderes de la organización criminal Los Zetas.
Si bien la extradición de capos ha sido una práctica constante en las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad, la declaración de Trump sugiere que esta entrega masiva se debió directamente a la presión económica ejercida sobre el gobierno mexicano mediante su política de aranceles.
“Nos quieren hacer felices”, ironizó el mandatario, dando a entender que el gobierno de México habría actuado no por voluntad propia, sino como respuesta a la amenaza de sanciones comerciales.
El anuncio de Trump ha generado diversas reacciones. Mientras sus seguidores lo ven como una prueba de la efectividad de su política de mano dura, críticos advierten que el presidente está usando la cooperación en seguridad como un trofeo político y que su postura deja en entredicho la soberanía mexicana.
Por su parte, el gobierno de México aún no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del mandatario estadounidense, pero la supuesta vinculación entre presiones económicas y decisiones de seguridad plantea interrogantes sobre el papel de la administración mexicana en la negociación de estos acuerdos.
