Jorge Montejo
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados acaba de dar luz verde a dos reformas que están cambiando radicalmente el panorama de la seguridad en México. Con el pretexto de combatir el crimen organizado, los legisladores están construyendo una nueva estructura de poder que concentrará información personal sin precedentes en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), actualmente encabezada por Omar García Harfuch, figura en ascenso dentro del aparato federal.
Este movimiento legislativo no es una medida menor. Estamos hablando de la creación de una súper secretaría con acceso ilimitado a datos personales de millones de mexicanos. Lo que se perfila es un aparato de vigilancia con capacidades tecnológicas y legales que, si no se regulan con rigor, ponen en riesgo derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos.
Un registro nacional de usuarios de telefonía móvil
La primera reforma, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propone un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Es decir, el Estado sabrá quién tiene qué línea, y podrá cruzar esa información con datos fiscales, biométricos, vehiculares, e incluso inmobiliarios.
La excusa: combatir delitos como la extorsión y el secuestro. Pero el alcance es mucho más amplio. El texto aprobado no limita de forma clara ni el tipo de datos que se podrán obtener ni el uso que se les dará. El resultado: las autoridades podrán acceder a la información de tu celular sin necesidad de una orden judicial específica, en nombre de la seguridad pública.
Además, esta reforma establece que las policías de los tres niveles de gobierno podrán utilizar esta base de datos para sus investigaciones, lo que abre la puerta a un uso discrecional o político de la información. Si ya existía preocupación por el espionaje ilegal, esta reforma lo institucionaliza.
El brazo largo de la inteligencia estatal
La segunda reforma, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, da un paso aún más grave: habilita a la SSPC a solicitar información directamente a cualquier dependencia del Estado o empresa privada. Estamos hablando de un acceso directo y centralizado a registros fiscales (SAT), biométricos (INE), financieros (UIF), de armas, de vehículos, de inmuebles, y más.
Esto no es sólo un cruce de datos. Es la creación de una plataforma nacional de vigilancia sin precedentes, con un sistema de interconexión automatizado entre instituciones clave: Fiscalía General de la República, Ejército, Marina, INE, SAT, UIF, registros públicos. Todo conectado. Todo bajo una sola cabeza.
Y esa cabeza, al día de hoy, se llama Omar García Harfuch.
Harfuch y la concentración del poder
Omar García Harfuch no es un funcionario cualquiera. Exjefe de la policía capitalina, con historial en inteligencia y vínculos estrechos con el ejército y cuerpos de seguridad, Harfuch es visto como una figura fuerte, técnica y confiable para ciertos sectores. Pero darle acceso total y centralizado a la información personal de los mexicanos sin controles democráticos reales, lo convierte en el hombre más poderoso del país en términos de inteligencia interna.
¿Quién vigila al vigilante? ¿Dónde están los contrapesos? ¿Qué garantías hay de que este poder no se use para fines políticos, electorales o de persecución?
Una puerta abierta al abuso
El gran problema de estas reformas no es sólo el contenido, sino la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. No se establece la necesidad de autorización judicial previa para acceder a los datos. No hay un órgano independiente que regule el uso de esta información. No se contempla la notificación al ciudadano investigado ni se define un protocolo claro de protección de datos.
Esto sienta las bases para una vigilancia masiva legalizada, disfrazada de estrategia contra el crimen organizado. Un modelo que se ha probado peligroso en otros países, donde las herramientas pensadas para seguridad terminan siendo usadas contra periodistas, activistas, opositores políticos o simplemente ciudadanos incómodos.
¿Seguridad o control?
Es evidente que México necesita fortalecer sus capacidades para combatir el crimen. Pero no a cualquier costo. El acceso ilimitado a datos personales sin controles judiciales es una receta para el abuso. Y concentrar ese poder en una sola secretaría, bajo la dirección de un personaje con ambiciones políticas, debería levantar alarmas en todas las fuerzas democráticas.
Estas reformas no sólo modifican leyes: reconfiguran el Estado mexicano. Lo dotan de una estructura de vigilancia interna con una amplitud inédita. Y lo hacen en un contexto donde la confianza en las instituciones sigue siendo baja, y donde la historia reciente muestra que el espionaje y la represión no son fantasmas del pasado.
El Congreso está aprobando a toda prisa una transformación profunda en nombre de la seguridad, pero sin debate público, sin transparencia y sin considerar las implicaciones a largo plazo. En vez de crear un sistema de inteligencia robusto pero con límites claros, están construyendo una súper secretaría al servicio del poder ejecutivo, con facultades para espiar, registrar y controlar a la ciudadanía.
Si estas reformas se concretan tal como están, Omar García Harfuch no solo será el secretario de Seguridad: será el gran operador de un sistema centralizado de vigilancia civil. Y eso, en cualquier democracia, debería preocuparnos.
