Justo cuando arrecian los escándalos en la 4T, reaparece el enterrador del PRI: la Fiscalía de Campeche pide el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno por desvíos millonarios en su gobierno. 17 exfuncionarios ya fueron vinculados a proceso y otros colaboran como testigos. ¿Casualidad o cortina de humo?
Alonso Quijano
31/07/25
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ha solicitado formalmente el desafuero del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por su presunta responsabilidad en una compleja red de corrupción que operó durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. El documento, presentado el 23 de julio ante la Cámara de Diputados, detalla cuatro carpetas de investigación judicializadas que implican el desvío de al menos 83.5 millones de pesos, y que ya han derivado en la vinculación a proceso de 17 exfuncionarios de su administración, mientras que otros dos han accedido a un criterio de oportunidad para colaborar como testigos clave.
Las imputaciones contra Moreno Cárdenas incluyen uso indebido de atribuciones y peculado, delitos que se habrían cometido mediante el desvío sistemático de recursos públicos, contratos simulados, empresas fachada y operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad. La Fiscalía campechana ha confirmado que el objetivo de la solicitud de declaración de procedencia es que la Sección Instructora de la Cámara baja determine si debe retirarse el fuero constitucional al también exgobernador, a fin de que pueda ser procesado penalmente.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a las indagatorias, en las que se documenta una red de corrupción articulada por medio de prestanombres, empresas con giros simulados y recursos federales desviados desde dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM), la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam) y el área de Comunicación Social. Un ejemplo particularmente revelador es el caso de dos personas que, por 4 mil pesos, cedieron su documentación personal a funcionarios de la SSPCAM para que, en su nombre, se emitieran facturas apócrifas por servicios que jamás se prestaron, como traslados de alimentos, mantenimiento a patrullas y atención en zonas rurales como Calakmul, por un total de 27.2 millones de pesos sin comprobación alguna.
Otro frente de la investigación apunta a la contratación por parte de la Apicam —bajo responsabilidad de Alito como presidente de su Junta de Gobierno— de una empresa originalmente dedicada al buceo turístico en Cancún, “Cozumel First Class”, la cual mutó en múltiples ocasiones de nombre y giro social para terminar prestando, sin sustento documental, asesorías jurídicas y fiscales por casi 24 millones de pesos. Esta compañía, vinculada a un exdiputado federal del Partido Verde, encarna la forma en que se habrían triangulado recursos públicos a través de prestanombres empresariales.
A ello se suman los contratos millonarios entregados desde Comunicación Social a la televisora local Mayavisión, dirigida por Miguel Ángel “N”, señalado también como beneficiario de la compra de un terreno para construir la Plaza Colosio, un mercado de artesanías que debía servir a la economía social, pero cuyos locales fueron rentados a particulares. Esta operación implica un desfalco adicional por 18.2 millones de pesos, afectando incluso al fideicomiso alimentado por el impuesto sobre nómina de los trabajadores del estado.
En total, son ya al menos cinco personas vinculadas a proceso por el caso de la Apicam, seis por la Plaza Colosio, y varias más —entre ellas exfuncionarios de primer nivel— por el uso indebido de recursos federales para seguridad pública. Las detenciones del exsecretario de Seguridad Pública Jorge “N”, del empresario Miguel Ángel “N”, y del exdirector de Comunicación Social Walther “N”, entre otros, evidencian que la estructura que Alito dejó en Campeche se encuentra hoy desmoronándose pieza por pieza.
Mientras el PRI enfrenta una de sus mayores crisis de legitimidad en décadas, y su dirigente nacional se defiende tras las murallas del fuero legislativo, los expedientes continúan acumulando evidencia sobre una administración que convirtió el aparato estatal en una maquinaria para el beneficio privado. Si la Sección Instructora da luz verde al juicio de procedencia, Alejandro Moreno no sólo enfrentará un proceso legal, sino también el derrumbe definitivo de su narrativa como víctima política. Lo que se juega ahora no es sólo su libertad, sino el último vestigio de poder de un priismo en decadencia.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ha solicitado formalmente el desafuero del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por su presunta responsabilidad en una compleja red de corrupción que operó durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. El documento, presentado el 23 de julio ante la Cámara de Diputados, detalla cuatro carpetas de investigación judicializadas que implican el desvío de al menos 83.5 millones de pesos, y que ya han derivado en la vinculación a proceso de 17 exfuncionarios de su administración, mientras que otros dos han accedido a un criterio de oportunidad para colaborar como testigos clave.
Las imputaciones contra Moreno Cárdenas incluyen uso indebido de atribuciones y peculado, delitos que se habrían cometido mediante el desvío sistemático de recursos públicos, contratos simulados, empresas fachada y operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad. La Fiscalía campechana ha confirmado que el objetivo de la solicitud de declaración de procedencia es que la Sección Instructora de la Cámara baja determine si debe retirarse el fuero constitucional al también exgobernador, a fin de que pueda ser procesado penalmente.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a las indagatorias, en las que se documenta una red de corrupción articulada por medio de prestanombres, empresas con giros simulados y recursos federales desviados desde dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM), la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam) y el área de Comunicación Social. Un ejemplo particularmente revelador es el caso de dos personas que, por 4 mil pesos, cedieron su documentación personal a funcionarios de la SSPCAM para que, en su nombre, se emitieran facturas apócrifas por servicios que jamás se prestaron, como traslados de alimentos, mantenimiento a patrullas y atención en zonas rurales como Calakmul, por un total de 27.2 millones de pesos sin comprobación alguna.
Otro frente de la investigación apunta a la contratación por parte de la Apicam —bajo responsabilidad de Alito como presidente de su Junta de Gobierno— de una empresa originalmente dedicada al buceo turístico en Cancún, “Cozumel First Class”, la cual mutó en múltiples ocasiones de nombre y giro social para terminar prestando, sin sustento documental, asesorías jurídicas y fiscales por casi 24 millones de pesos. Esta compañía, vinculada a un exdiputado federal del Partido Verde, encarna la forma en que se habrían triangulado recursos públicos a través de prestanombres empresariales.
A ello se suman los contratos millonarios entregados desde Comunicación Social a la televisora local Mayavisión, dirigida por Miguel Ángel “N”, señalado también como beneficiario de la compra de un terreno para construir la Plaza Colosio, un mercado de artesanías que debía servir a la economía social, pero cuyos locales fueron rentados a particulares. Esta operación implica un desfalco adicional por 18.2 millones de pesos, afectando incluso al fideicomiso alimentado por el impuesto sobre nómina de los trabajadores del estado.
En total, son ya al menos cinco personas vinculadas a proceso por el caso de la Apicam, seis por la Plaza Colosio, y varias más —entre ellas exfuncionarios de primer nivel— por el uso indebido de recursos federales para seguridad pública. Las detenciones del exsecretario de Seguridad Pública Jorge “N”, del empresario Miguel Ángel “N”, y del exdirector de Comunicación Social Walther “N”, entre otros, evidencian que la estructura que Alito dejó en Campeche se encuentra hoy desmoronándose pieza por pieza.
Mientras el PRI enfrenta una de sus mayores crisis de legitimidad en décadas, y su dirigente nacional se defiende tras las murallas del fuero legislativo, los expedientes continúan acumulando evidencia sobre una administración que convirtió el aparato estatal en una maquinaria para el beneficio privado. Si la Sección Instructora da luz verde al juicio de procedencia, Alejandro Moreno no sólo enfrentará un proceso legal, sino también el derrumbe definitivo de su narrativa como víctima política. Lo que se juega ahora no es sólo su libertad, sino el último vestigio de poder de un priismo en decadencia.
