08/08/25
Podría pensarse que, cuando niñas y niños son reclutados por la delincuencia, inician una carrera delictiva duradera. Pero la realidad es devastadora: quienes caen en esas redes tienen una esperanza de vida de apenas dos o tres años. No solo enfrentan la muerte temprana, sino que, en ese corto trayecto, padecen abusos, violencia y vejaciones.
Las causas de esta tragedia son múltiples y se entrelazan: la desintegración familiar, la violencia doméstica, la falta de acceso a la educación y la presencia del crimen organizado en sus comunidades. Más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) están fuera del sistema escolar, lo que limita su desarrollo y los expone a ser reclutados. A ello se suma el arraigo del crimen en regiones de Guerrero, Michoacán, Morelos y Sonora, donde las bandas suplantan al Estado y se convierten en “autoridades” y “benefactores”.
En ese contexto, “ser parte” del crimen surge como una vía de escape ante el abandono, el hambre o el miedo. En un país donde el 35 % de la población vive en pobreza y el 81 % del territorio tiene presencia criminal, alrededor de 300 mil NNA están en riesgo de ser enganchados.
Las autoridades han hecho poco para investigar los métodos de reclutamiento. Un ejemplo preocupante es la posible relación entre el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y ciertos centros de “entrenamiento” con ofertas de empleo en lugares estratégicos, como las centrales de autobuses de Tlaquepaque y Tonalá. Jóvenes contactados por internet o engañados en esos puntos podrían estar desapareciendo en ranchos clandestinos; y, sin líneas claras de investigación, todo queda en la impunidad.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha alertado sobre la posibilidad de que estos delitos se cometan de forma sistemática y con la complicidad de las autoridades. Por eso, presenté una iniciativa para actualizar el tipo penal de reclutamiento forzado en la Ley General en materia de Trata de Personas. Es urgente establecer un solo tipo penal y un protocolo único de investigación.
La prevención debe abordarse desde tres niveles: uno general, con contenidos escolares que alerten sobre los riesgos del crimen; uno específico, en comunidades con alta vulnerabilidad; y uno individual, cuando un NNA ya ha sido víctima y hay posibilidad de rescatarlo. En ese caso, debe ser protegido, incluso reubicado, para evitar represalias.
Hoy, las instituciones encargadas de proteger a NNA están desarticuladas, sin liderazgo ni políticas públicas eficaces. Y mientras debatimos reformas y políticas, ellos están en la ruta de la muerte.
El reclutamiento forzado no es la antesala del crimen: es la ruta de la muerte.
