María Gil
08 de agosto de 2025
En una movida que marca la mayor escalada en la política antidrogas de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar directa contra ciertos cárteles latinoamericanos que su administración ha designado como organizaciones terroristas, de acuerdo con fuentes cercanas a las deliberaciones internas.
La orden abre la puerta a operaciones militares estadounidenses en alta mar e incluso en territorio extranjero, apuntando a grupos como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel de los Soles de Venezuela, al que Washington acusa de estar encabezado por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno. Hace apenas dos semanas, la administración Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, imputado por cargos de narcotráfico.
El plan, según personas familiarizadas con el asunto, contempla que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan capturar o eliminar a integrantes de estos grupos. Sin embargo, especialistas advierten que este enfoque plantea serias dudas legales: desde la prohibición de asesinatos por parte del Ejecutivo hasta la posible violación de leyes internacionales si se actúa sin el consentimiento de gobiernos extranjeros. El precedente más cercano —la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega— fue calificado por la Asamblea General de la ONU como una “violación flagrante del derecho internacional”.
La ofensiva contra los cárteles ya había tomado impulso a inicios de este año, cuando Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional y en activo en la frontera sur para frenar el tráfico de drogas y migrantes, e intensificó la vigilancia aérea y marítima. La designación de los cárteles como grupos terroristas, explicó el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio, permite utilizar “todos los elementos del poder estadounidense, incluidas las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para neutralizarlos”.
No obstante, bajo la ley estadounidense, la etiqueta de “organización terrorista” por sí sola no autoriza operaciones de guerra. Para ello, Trump tendría que argumentar que actúa bajo su autoridad constitucional en defensa propia de la nación, quizá vinculando la medida a la crisis de sobredosis por fentanilo.
El Pentágono no ha comentado públicamente la directiva, pero se sabe que ya se preparan opciones tácticas. Entre ellas figuran misiones de captura con uso limitado de fuerza letal y acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas. Un despliegue sostenido implicaría, sin embargo, una expansión inédita del papel militar en la política antidrogas, trasladando una labor típicamente policial a las filas castrenses.
La iniciativa también se enmarca en la presión de Trump para que México permita operaciones militares estadounidenses en su territorio, una propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum ya rechazó en abril. Aun así, el presidente republicano ha intensificado los vuelos secretos de drones para localizar laboratorios de fentanilo, un programa iniciado bajo la administración Biden y ampliado con apoyo de la CIA.
Con esta nueva orden, la línea entre la lucha contra el narcotráfico y una intervención militar directa se difumina peligrosamente, abriendo un capítulo que podría redefinir —o tensar al límite— las relaciones de Washington con América Latina y el alcance de la ley internacional en tiempos de “guerra contra las drogas”.
